La trama de las mordidas
Santos Cerdán pierde la batalla judicial: el juez desmonta sus argumentos y decreta prisión preventiva
Los detalles Leopoldo Puente evidencia con audios, mensajes y documentos que el exdirigente socialista está implicado en una red de corrupción, poniendo fin a sus intentos de defensa y ordenando su ingreso en prisión para evitar fuga y destrucción de pruebas.
Santos Cerdán pasa ya su primera noche en la cárcel de Soto del Real, sin móvil, sin dinero y sin posibilidad de seguir negando su implicación en una trama de corrupción que supera los 600.000 euros en mordidas por contratos públicos amañados.
El juez Leopoldo Puente ha ordenado su prisión preventiva tras desmontar todas las coartadas que el exdirigente socialista ha intentado usar para defenderse. El magistrado considera que existe un riesgo claro de fuga —ya que aún no se ha podido determinar su patrimonio total ni sus contactos en el extranjero— y que puede destruir pruebas decisivas para la investigación.
Durante semanas, Santos Cerdán ha sido visto entrando y saliendo de su domicilio, siempre cargado con mochilas, fundas de portátil o directamente con documentos en la mano. El juez destaca que "solo la persona que hacía las gestiones con los pagadores" podría ocultar, alterar o hacer desaparecer pruebas relevantes. Y sitúa a Santos Cerdán en ese puesto clave: el encargado de recibir las mordidas, repartirlas y reclamarlas a las empresas cuando Ábalos y Koldo García se lo pedían.
Leopoldo Puente basa gran parte de su auto en indicios "notabilísimos" contra Santos Cerdán. Los mensajes con José Luis Ábalos, su papel dentro del ministerio —donde controlaba nombramientos para asegurar la continuidad de la trama— y su participación en Servinabar, la empresa central en la investigación, no dejan lugar a dudas. Aunque Cerdán ha negado haber cobrado un solo euro y acusa a la oposición de orquestar una campaña en su contra, el juez desmonta esa versión y le señala como figura preeminente en la estructura vertical de la red.
El magistrado otorga plena validez a los audios intervenidos por la UCO, que para Santos Cerdán eran fragmentos incompletos o manipulados. El juez explica que las grabaciones son explícitas y concluyentes, incluyendo conversaciones donde Cerdán reprocha a Koldo hablar de presuntas comisiones ilegales. Se descarta la posibilidad de edición o manipulación por inteligencia artificial, ya que los audios fueron intervenidos en el registro a Koldo García y ni siquiera él los ha negado.
Sobre Servinabar, Cerdán había afirmado que no tenía participación alguna y que el contrato que aparece con su firma no fue llevado ante notario, por lo que carecería de validez. Sin embargo, el juez lo desmiente con documentos y audios que evidencian una participación inequívoca, principalmente en tareas administrativas y de comunicación con la empresa. Entre las pruebas destacan donaciones periódicas a la fundación de la hija de José Luis Ábalos, apuntando a un entramado económico que involucraba tanto a la trama como a su entorno familiar.
Con esta decisión, el juez Leopoldo Puente no solo asegura que Santos Cerdán no pueda escapar ni destruir pruebas, sino que deja al descubierto su verdadero papel: la persona que dirigía la red de cobro, reparto y control de mordidas dentro del Ministerio, desde la sombra pero con el mando claro.