Acciones legales sobre la mesa y Europa pendiente: así responde España al asalto a la Flotilla

El Gobierno español ha dejado muy claro cuál es su prioridad absoluta tras la interceptación de la Flotilla humanitaria rumbo a Gaza: garantizar que los 65 ciudadanos españoles a bordo regresen sanos y salvos. Así lo ha reiterado Pedro Sánchez, que, aunque ha evitado calificar la acción de Israel como una violación del derecho internacional, no descarta emprender acciones legales.

"Estamos en contacto permanente con la Flotilla y hemos seguido de cerca todo lo que ha ocurrido. Lo más importante ahora es que regresen a casa, y después evaluaremos qué acciones tomar", explicó Sánchez a su llegada a la reunión de la Comunidad Política Europea en Copenhague. El presidente subrayó que la Flotilla "no representa ningún peligro" y pidió que Israel garantice la protección de los derechos de los activistas, mientras España asegura su protección diplomática y consular.

Acciones legales: qué puede hacer España

Por el momento, la Fiscalía española ha incluido el asalto a la Flotilla en su investigación sobre los crímenes internacionales de Israel en Gaza. El objetivo es determinar si la detención en aguas internacionales constituye una violación del derecho internacional, así como analizar cómo se trata a los detenidos, la asistencia que reciben y si se plantea su deportación.

Aunque el Gobierno no ha detallado las acciones legales concretas, hay varias posibilidades sobre la mesa. Entre ellas:

• Denuncias ante tribunales internacionales por violación de normas marítimas y derechos humanos.
• Acciones diplomáticas y reclamaciones legales ante organismos como la ONU o la Corte Penal Internacional.
• Posibles medidas coordinadas con otros países cuyos ciudadanos se encontraban a bordo, como Turquía o Colombia, que ya han anunciado que estudiarán acciones legales similares.

Antecedentes: la Flotilla de 2010

No es la primera vez que una Flotilla humanitaria se ve involucrada en un incidente internacional. En 2010, una operación similar fue interceptada por Israel, causando la muerte de diez activistas, la mayoría turcos. En España, algunos de los ciudadanos a bordo presentaron una demanda, pero la causa fue archivada tras el cambio de la legislación de jurisdicción universal, ya que los acusados eran israelíes. Turquía también denunció a Israel, pero finalmente se alcanzó un acuerdo económico con los familiares de los fallecidos, cerrando el caso.

Estos antecedentes muestran que, aunque existe margen para acciones legales, la vía judicial suele ser larga, complicada y dependiente de acuerdos internacionales.

¿Qué hará Europa y otros países?

La Comisión Europea se ha mostrado prudente: ha recordado que en aguas internacionales debe respetarse el Derecho Internacional, pero no ha anunciado sanciones ni investigaciones propias. El foco europeo se centra ahora en la legalidad de la zona de exclusión marítima impuesta por Israel y en cómo estas operaciones afectan a los derechos de los activistas humanitarios.

España ha reforzado la protección de la Flotilla con un buque preparado para rescate y asistencia humanitaria, aunque finalmente no ha entrado en la zona de exclusión. Sánchez defendió esta decisión, asegurando que el Gobierno está "con ellos desde el primer momento”" y destacando que la Flotilla pretendía transportar ayuda humanitaria donde Israel lo impide.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.