Los Comuns presentan una querella por revelación de secretos contra el presidente del tribunal que juzgó al fiscal general

El abogado y eurodiputado de los Comuns Jaume Asens ha presentado este jueves una querella criminal en el Tribunal Supremo contra el presidente de la Sala Penal, Andrés Martínez Arrieta, por un presunto delito de revelación de secretos previsto en el artículo 417 del Código Penal en el juicio al fiscal general, Álvaro García Ortiz.

Según han argumentado desde el partido, la acción judicial se basa "en los hechos ocurridos el pasado 18 de noviembre, cuando el magistrado Martínez Arrieta, en pleno período de deliberaciones sobre la sentencia del fiscal general del Estado, intervino como ponente en un curso organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM)".

En el mismo curso, el magistrado declaró: "Acabo porque tengo que poner la sentencia del fiscal general del Estado", una afirmación pronunciada, inciden los comunes, "en tono jocoso y seguida de risas del público", que, según la querella, "constituye una revelación explícita de información reservada" sobre tres cuestiones: "El estado interno de las deliberaciones, el cambio de ponente respecto a la magistrada inicialmente designada, la existencia de una mayoría formada y la orientación del fallo".

La querella, a la que ha tenido acceso laSexta, sostiene que estos datos están protegidos por el secreto de la deliberación, recogido en el artículo 233 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y su vulneración afecta al derecho fundamental a un juicio imparcial.

Para los Comuns la participación simultánea de tres magistrados del tribunal en un acto organizado por una de las partes acusadoras "compromete gravemente la apariencia de imparcialidad" del órgano judicial, "en contra de la doctrina reiterada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que exige no sólo la imparcialidad real, sino también la apariencia de imparcialidad".

Además, explican que será la Sala del 61 del alto tribunal —órgano competente para juzgar a magistrado— la que decidirá sobre si se admite a trámite o no la demanda.

Información reservada sobre la sentencia

En la querella interpuesta por Asens, en colaboración con la abogada Alejandra Jacinto que fue diputada autonómica en la Asamblea de Madrid, incide en que la "audiencia" que asistió al evento "interpretó claramente que el magistrado estaba revelando información internamente reservada sobre el estado de la deliberación y la elaboración de la sentencia".

Es más, en el escrito, sostiene que el propio querellado "era consciente del carácter impropio de su revelación, al presentarla en clave humorística".

"Dicha manifestación revela información protegida por el secreto de las deliberaciones, pues anuncia "que las deliberaciones internas ya han adoptado una estructura decisoria suficiente para que él asuma la redacción de la sentencia", que se produjo un "cambio de ponencia desplazando a la magistrada inicialmente designada" debido a una mayoría ya formada en dicho tribunal y que "apuntaría a un sentido del fallo, previsiblemente condenatorio" a una de las acusaciones que pedía prisión para García Ortiz.

También llama la atención que "simultáneamente", y en el mismo curso organizado por el Colegio de Abogados de Madrid, intervinieron como docentes otros dos magistrados del tribunal, Antonio del Moral y Juan Ramón Berdugo, ambos implicados en la deliberación colectiva sobre ese mismo procedimiento.

"No resulta concebible que un magistrado del Tribunal Supremo participe cobrando en un curso organizado por la acusación particular, hecho que compromete su imparcialidad y refuerza el significado delictivo de la revelación practicada", ahonda la querella.

Aparte, incide en que ha trascendido en medios de comunicación que el magistrado Antonio del Moral mantiene una "relación académica estrecha con al menos uno de los abogados de parte interesada en la causa, al haber sido director de su tesis doctoral".

Un facto que añade, bajo su criterio, "un elemento adicional de riesgo para la apariencia de imparcialidad objetiva del tribunal, conforme a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos".

"Derecho a tribunales imparciales"

En declaraciones a 'Europa Press', Asens ha señalado que "en un Estado democrático ningún juez puede anunciar sentencias en público, ni menos aún hacerlo desde la sede de uno de los acusadores" en la causa contra García Ortiz, en alusión al Colegio de Abogados de Madrid

"No es solo una cuestión legal: es una cuestión de salud democrática. La ciudadanía tiene derecho a tribunales imparciales, no a magistrados que revelan deliberaciones internas y se permiten chascarrillos sobre procesos pendientes. Si no defendemos la imparcialidad judicial, la democracia pierde su última línea de defensa", ha ahondado.

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