Semana clave para el caso residencias: tres exaltos cargos de Ayuso declararán por primera vez como investigados por los 'protocolos de la vergüenza'

Cinco años después, tres exaltos cargos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, van a declarar por primera vez como investigados por el caso de las residencias durante la pandemia, por esos 'protocolos de la vergüenza' que discriminaron a los pacientes más graves e impidieron que los trasladaran a los hospitales. Los familiares quieren que se determine quién fue el responsable y que pague por ello.

Después de dos intentos fallidos, en unas horas declararán por primera vez como imputados por los llamados 'protocolos de la vergüenza', Carlos Mur, el encargado de firmarlos -según él mismo reconoció-; Javier Martínez Peromingo, el presunto creador y el responsable de las ambulancias durante la pandemia, Pablo Busca.

Entre este martes y el miércoles estos tres exaltos cargos de Ayuso declararán en dos juzgados distintos por la muerte de dos personas en residencias en Valdebernardo y Torrelodones.

Después de más de cinco años de lucha judicial, los familiares de las más de 7.200 personas muertas en residencias se quejan del trato recibido. Ramona Carvajal, de la Asociación Verdad y Justicia, ha denunciado que "es una pelota que nadie parece que quiere abrir". "Tenemos todas las pruebas, pero lo que necesitamos es un juez que se ponga a investigar esto", ha señalado.

Están a la espera de que la Audiencia Provincial de Madrid decida cuál es el juzgado competente. Ya han sido archivadas varias causas y, si se aúnan todas las querellas, podría ser la última oportunidad de obtener justicia antes de que prescriba.

Una decisión política con consecuencias

La investigación pone el foco en una decisión administrativa que marcó el rumbo de la gestión: la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, resolvió que la coordinación de las residencias pasara de la Consejería de Políticas Sociales -dirigida entonces por Alberto Reyero, de Ciudadanos- a la Consejería de Sanidad, encabezada por Enrique Ruiz Escudero, del Partido Popular.

Fue esta última área la que emitió cuatro versiones de protocolos que, según consta en documentos oficiales, desaconsejaban o directamente prohibían la derivación hospitalaria de personas mayores con discapacidad, demencia o alto nivel de dependencia.

Pese a que la Comunidad de Madrid ha defendido en varias ocasiones que los 'protocolos de la vergüenza' eran "borradores enviados por error", lo cierto es que estaban firmados por responsables públicos y fueron aplicados en numerosos centros, según atestiguan trabajadores y familiares de residentes. Uno de los investigados ha reconocido su participación en la redacción de los mismos, y otro fue el encargado de definir su contenido técnico para que los profesionales los aplicaran.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.