De presumir de respetar al máximo a los jueces a atacarles: el viraje de Ayuso tras el varapalo judicial a su entorno

La segunda imputación de miembros del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso durante la pandemia por los conocidos como 'protocolos de la vergüenza' es, sin duda, un varapalo judicial para la presidenta de la Comunidad de Madrid. La baronesa 'popular' siempre ha sacado pecho de respetar al máximo a los jueces, mientras criticaba que otros no lo hacían. Ahora, que la justicia está tomando decisiones que le gustan menos, como también proposición de juzgar a su novio, el empresario Alberto González Amador, la cosa cambia.

Era julio de 2024 cuando el juez Juan Carlos Peinado citaba a declarar en calidad de testigo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el marco de la causa que instruye contra su esposa, Begoña Gómez. La decisión no gustó nada en el Ejecutivo derivando en declaraciones como las del ministro de Justicia, Félix Bolaños, refiriéndose al citado proceso como "una persecución política despiadada". Crítica obvia a Peinado que la presidenta madrileña respondía al día siguiente, calificando como "inaudito" y "grave" el "ataque" del Gobierno.

Unas críticas al Ejecutivo que se mantuvieron durante el año. Prueba de ello, es que durante la apertura del curso político en Madrid en el mes de septiembre mostró su "esperanza de que la nueva presidenta del Tribunal Supremo" pusiese "pie en pared ante los ataques del Gobierno a los jueces que están siendo perseguidos por hacer su trabajo".

"No se nos ocurriría ni mucho menos (...) amedrentar a los jueces"

Meses después, en diciembre de 2024 y al ser preguntada por la condena a Eduardo Zaplana por el caso Erial, Ayuso tampoco dudaba en subrayar que ella no era "quien para juzgar a los jueces". Si bien opinó que se vulneró la presunción de inocencia del exministro, días después la 'popular' volvía a criticar que Bolaños fuera "contra los jueces", en una férrea defensa del Estado de Derecho.

Línea que han seguido desde su Ejecutivo regional, empezando por su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, más conocido como MAR. Salía de declarar como testigo del Tribunal Supremo por la causa que lleva el juez Ángel Hurtado contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por una presunta revelación de secretos, precisamente, por un asunto relacionado con el fraude fiscal de la pareja de la 'popular'. Entonces, subrayaba que García Ortiz "debe ser juzgado y condenado de manera ejemplar", destacando el papel del magistrado.

De hecho, en marzo de 2025 la presidenta de la Comunidad de Madrid aseguraba en una entrevista con Carlos Alsina en Onda Cero que en Sol no se les ocurría "ni mucho menos (...) amedrentar a los jueces". Y, sin ir más lejos, esta semana descartó ser como los ministros "que se atreven a insultar a todos los jueces que investigan su corrupción que causan estupor a todos".

Todo cambia

Las cosas, sin embargo, empiezan a cambiar. Primero fue con la primera imputación de miembros de su Ejecutivo por las muertes en la residencia al considerar que se daba por un cambio arbitrario de la Fiscalía que decidía reabrir este asunto. Algo falso ya que no se rescataba una causa ya archivada, sino que correspondía a una nueva denuncia.

Si bien los ataques al Ministerio Público han sido más habituales entre los de Ayuso, este jueves tras la proposición de juzgar a González Amador por parte de la jueza Inmaculada Iglesias, desde su Gobierno aseguraban que dejaban al empresario "en un estado de indefensión en vez de cerrar el asunto al no haber pruebas suficientes". Incluso, subrayaban que "la jueza Iglesias ha denegado a González Amador la posibilidad de llevar a cabo tanto declaración de testigos como pericial".

¿Y qué dicen de la segunda imputación a Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo? Pues que se remiten a las palabras de la presidenta en los últimos días. Es decir, ponen en cuestión a la jueza, respecto la que aseguran parece que ha decidido dar "una patada a seguir porque se jubila en agosto".