El juez imputa por primera vez a dos ex altos cargos de Ayuso por los protocolos de la vergüenza en residencias durante la pandemia

Por primera vez, un juez ha imputado a dos exaltos cargos del Gobierno de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por las más de 7.000 muertes en residencias de mayores madrileñas durante la pandemia. En concreto, se trata del director de Coordinación Sociosanitaria y firmante de los 'protocolos de la vergüenza', Carlos Mur, y, el coordinador del llamado 'protocolo técnico', Francisco Javier Martínez Peromingo, que más tarde sustituyó a Mur.

De esta manera, el juez los ha citado como investigados este próximo lunes 26 de mayo, al ser considerados los autores de los protocolos que bloquearon el traslado hospitalario de miles de ancianos desde residencias al inicio de la pandemia. En concreto, Mur fue el firmante de un protocolo que bloqueó el desplazamiento al hospital de miles de residentes enfermos por el simple hecho de ir en silla de ruedas o tener deterioro cognitivo, mientras que Martínez Peromingo fue el coordinador del 'protocolo técnico', que complementaba al primero a la hora de especificar cómo debía ejecutarse.

"La responsabilidad penal y política no se detiene en Mur y Peromingo"

La citación llega después de que el Juzgado decidiera reabrir el pasado 1 de abril una causa que se había archivado de forma provisional hace casi tres años por homicidio o denegación del deber de socorro. Reapertura tras un recurso de la Fiscalía Provincial de Madrid a raíz de una denuncia colectiva de 109 familiares de víctimas de las residencias, coordinada por las entidades 'Marea de Residencias' y '7291: Verdad y Justicia'.

Fue presentada en octubre del año pasado dirigiéndose contra altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, esta vez, por la presunta comisión de un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria, castigado en el artículo 511 del Código Penal.

Precisamente, estas organizaciones han pedido a los recientemente imputados que "cuenten esa verdad y desvelen cuál fue la implicación del entonces consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y de la propia Ayuso en las decisiones adoptadas" por el Ejecutivo regional "que tuvieron un impacto brutal en la vida de muchos residentes". De hecho, se muestran convencidos en que "la responsabilidad penal y política no se detiene en Mur y Peromingo".

Justo sobre este asunto, la prensa ha cuestionado a la presidenta madrileña durante la mañana de este viernes. Preguntada sobre su preocupación en torno a la imputación, la 'popular' se ha limitado a subrayar que se trata de una causa "que estaba archivada desde hace tres años", en cuyo marco la Fiscalía "ha cambiado de criterio": "Es toda la información que tengo".

Esta y otras demandas

Si bien tanto Mur como Martínez Peromingo ya habían declarado como testigos, lo hicieron en otras causas de los centenares que se han ido abriendo en los últimos cinco años. De hecho, una de ellas fue ante el Tribunal Supremo tras otra denuncia colectiva sobre la que el Alto Tribunal estipuló que tenían que estudiarse caso a caso las muertes, tal y como se ha estado haciendo. Precisamente, esta judicialización que sale adelante con estos dos primeros imputados corresponde a lo sucedido en una residencia concreta.

En ese sentido, cabe destacar, según recuerda EFE, que todas las investigaciones judiciales realizadas hasta ahora se centraban en directores o médicos de las residencias, pero nunca en quienes elaboraron, dictaron y aplicaron los protocolos o quienes tomaron las decisiones de no medicalizar las residencias, así como no atender a los residentes enfermos con discapacidad en el hospital de campaña creado en IFEMA o en los hospitales privados que estaban bajo el mando único de la Consejería de Sanidad.

El Ministerio Público repartió la denuncia colectiva efectuada en octubre entre la Fiscalía Provincial de Madrid, a la que correspondieron los casos de 53 denunciantes, y las del Área de Móstoles (28), de Getafe-Leganés (15) y de Alcalá de Henares (13). De los 53 denunciantes que correspondieron a la primera, 44 tenían una querella previa ya archivada, presentada por los delitos de homicidio u omisión del deber de socorro, y otros cuatro tenían una querella por los mismos que todavía estaba en fase de instrucción. Los otros cinco denunciantes no habían iniciado antes ninguna actuación judicial y la Fiscalía Provincial presentó denuncia ante el Decanato de los Juzgados correspondientes, según han informado las asociaciones.

En cuanto a los 48 procedimientos con querella previa, la Fiscalía Provincial solicitó en todos los casos que declarasen como investigados los "autores intelectuales y los firmantes del protocolo, ya identificados en la denuncia", en referencia a Mur, firmante de dicho protocolo de no derivación, y a Peromingo, autor del protocolo técnico, que complementaba al de Mur, según han detallado ambas entidades. Tras la decisión de este juzgado, habrá que esperar a que pronuncien el resto.

Si bien este no es el único procedimiento abierto, puesto que otros familiares de residentes acordaron presentar de forma directa querellas en los juzgados, también por el delito de denegación discriminatoria de la prestación sanitaria, siendo en total 92 procedimientos relacionados con denuncias o querellas que alegaron la comisión de este delito que contempla el artículo 511 del Código Penal.

Algunos están aún pendientes de que los Juzgados decidan sobre su admisión, mientras que hay cinco causas que ya han llegado a la Audiencia Provincial, tras los recursos presentados por los denunciantes o querellantes después de que los Juzgados de Instrucción rechazasen investigar los hechos denunciados.