El presidente de HM Hospitales admite que ancianos de residencias con seguro privado llegaron a sus centros durante la pandemia

Era el turno de testificar del que fuera "asesor principal" de Isabel Díaz Ayuso, Antonio Burgueño; del presidente de HM Hospitales, Juan Abarca; y del exconsejero madrileño de Políticas Sociales, Alberto Reyero. Lo han hecho a lo largo de la mañana de este martes en el marco de la segunda causa abierta contra ex altos cargos del Gobierno de la región durante la pandemia por los conocidos 'protocolos de la vergüenza'.

Hasta allí se ha trasladado un grupo de familiares de las 7.291 víctimas para las que el relato de Abarca es clave, después de que haya reconocido ante la jueza María Pìlar Esteban que a los ancianos que tenían un seguro privado, sí que se les atendió en hospitales de su grupo en lo peor de la pandemia.

"Si una persona con seguro privado llamaba a una ambulancia privada para que la atendiera una ambulancia de HM le recogía en el lugar donde estuviera y le llevaba a un hospital privado. Lo que no ocurría con aquellas personas que no tuvieran un seguro privado", ha asegurado a la salida de sede judicial Carlos Castillo, miembro del equipo jurídico de las víctimas.

De esta manera, la tesis acusatoria de que sí hubo discriminación a los mayores durante la pandemia queda reforzada. De hecho, durante su testifical el encargado de gestionar este grupo privado muy extendido en la Comunidad de Madrid, ha explicado que aunque por norma no se trasladaba desde las residencias de mayores pues debían pasar por red pública, sí que sabe que hubo excepciones. Sin concretar cuantas, ha apuntado entre a dos y cuatro.

El segundo testimonio clave llegaba de la mano del exconsejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid durante la pandemia, Alberto Reyero, quien desde el inicio denunció aquellos protocolos. Durante su declaración ha señalado a la Coordinación Sociosanitaria como autora ideóloga de los protocolos, es decir, a Carlos Mur por ser "quién firmó esos protocolos". Eso sí, destaca que será labor de la Justicia determinar sí hay delito a no en esa discriminación que lleva años denunciando y que considera una "auténtica barbaridad".

Burgueño, "mando único"

Por su parte, la tercera testifical se ha visto suspendida a petición de la Fiscalía, ya que Burgueño podría ver alterada su condición en este procedimiento pasando de testigo a imputado. Y es que este asesor que contrató Ayuso y que elaboró un plan de medicalización de las residencias para tratar allí a los ancianos que nunca llegó, ha admitido que fue nombrado "mando único sanitario" en el Ejecutivo regional.

De esta manera, Burgueño podría pasar de estar imputado en una a dos causas, al ya estarlo en la instruida por la jueza María Isabel Durántez, en la que también lo están el mismo Mur, así como su sucesor en el cargo Francisco Javier Martínez Peromingo. En ambos procedimientos se trata de esclarecer sí cometieron un delito de discriminación sanitaria.