Tras la nueva causa
La justicia abre la puerta a una cascada de demandas por discriminación sanitaria en los 'protocolos de la vergüenza'
El contexto Si en las dos causas abiertas se considera que hubo un delito de discriminación en la asistencia sanitaria, cientos de afectados podrían también iniciar acciones judiciales contra los responsables.
Resumen IA supervisado
Un juzgado de Leganés ha iniciado una segunda causa judicial contra ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por los llamados 'protocolos de la vergüenza' durante la pandemia. La investigación se centra en la decisión de no derivar al hospital a un anciano de una residencia en Leganés. Imputados están Carlos Mur, Francisco Javier Martínez Peromingo, Pablo Busca y una geriatra del Hospital Severo Ochoa. Como testigos declararán Antonio Burgueño, Alberto Reyero y el presidente de HM Hospitales. Las causas apuntan a discriminación en la asistencia sanitaria, lo que podría abrir la puerta a más casos similares si se prueba la exclusión.
* Resumen supervisado por periodistas.
Un nuevo juzgado investigará los llamados 'protocolos de la vergüenza' del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso durante la pandemia y abre la puerta a que se sumen más denuncias. Este viernes, un juzgado de Leganés ha abierto una segunda causa judicial contra ex altos cargos de la presidenta madrileña, en este caso para estudiar por qué no se derivó al hospital a un anciano que vivía en una residencia de esta localidad.
En esta segunda causa, han sido imputados los responsables por los denominados protocolos de la vergüenza, Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo; el entonces director del SUMMA 112, Pablo Busca; y la geriatra de enlace del Hospital Severo Ochoa, incluida por participar en la decisión de no derivar al hospital a un anciano que vivía en una residencia de Leganés. Carlos Mur era el director de Coordinación Sociosanitaria y firmante de los 'protocolos de la vergüenza', mientras que Peromingo fue el coordinador del llamado 'protocolo técnico', que más tarde sustituyó a Mur.
Además, deberán declarar como testigos el exasesor de Ayuso, Antonio Burgueño (imputado también en la primera causa), el consejero de Políticas Sociales de Ciudadanos que denunció estos protocolos, Alberto Reyero, y el presidente de HM Hospitales, uno de los principales grupos privados de la Comunidad.
Ahora bien, las dos causas tienen un punto en común. Ninguna de las dos denuncias recogen ya que hubiera una negligencia en las muertes, como sí recogieron otras que ya se han archivado, sino que señalan la existencia de una discriminación en la asistencia sanitaria. Este delito lo que hace es perseguir a aquellos que niegan una prestación a la que se tiene derecho por cualquier razón, entre la que se encuentra la edad o su situación de enfermedad.
Y, si se prueba que existió esta exclusión y se identifica a los responsables, se abriría la puerta a una lluvia de causas similares. Joaquim Bosch, magistrado, lo ha explicado en Al Rojo Vivo: "Los primeros pasos de estos dos juzgados instructores, y otros que puedan asumir la causa, van a ser muy importantes porque deberán determinar si hay encaje penal de acuerdo con los hechos que se investigan y si los autores fueron estos cargos intermedios o si hay cargos políticos que pueden haber participado en esa decisión".