Carlos Castillo, abogado, sobre los protocolos de la vergüenza en las residencias durante la pandemia: "Se les discriminó y eso es un delito"

Carlos Castillo, uno de los tres abogados que forman parte del equipo jurídico que ha presentado la denuncia con la que se ha reabierto el caso de las residencias madrileñas, ha indicado que la han interpuesto por un delito de denegación discriminatoria del servicio sanitario.

Una denuncia que fue presentada en octubre y que es distinta a la que se interpuso en 2021 y que ya fue archivada. El abogado ha explicado que lo que ocurrió en las residencias es que, a personas que tenían derecho a una asistencia sanitaria, "no se les atendió". Un hecho que ha dejado claro que es "un delito".

Por tanto, ha destacado que esa decisión que se tomó de implantar esos protocolos de la vergüenza debe ser "perseguida e investigada".

De esta forma, espera que ahora, los dos imputados, el director de Coordinación Sociosanitaria y firmante de los 'protocolos de la vergüenza', Carlos Mur, y, el coordinador del llamado 'protocolo técnico', Francisco Javier Martínez Peromingo, aclaren qué ocurrió en las oficinas donde tomaron la decisión de llevar a cabo esos protocolos.

"Pedimos que expliquen la dinámica por la que se llevaron a cabo esos acuerdos", ha indicado, reconociendo que no sabe si optarán por aclararlo o "mirarán para otro lado", y es que al ser llamados como imputados "no están obligados a decir la verdad". "Esperemos que pongan luz sobre todo lo que ocurrió durante esos meses", ha señalado.