Apunta a Ayuso
El fiscal general pide su absolución y señala una "operación perfectamente orquestada desde el aparato de la Comunidad de Madrid"
Los detalles La defensa de Álvaro García Ortiz ha presentado ante el Tribunal Supremo un escrito al que ha tenido acceso laSexta y en el que se subraya que los hechos juzgados "no constituyen ilícito penal alguno". En él también se solicita que declaren como testigos la pareja y el director de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador y Miguel Ángel Rodríguez (MÁR).

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El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, califica la causa contra el novio de Isabel Díaz Ayuso como una "operación política" orquestada desde la Comunidad de Madrid. La defensa del acusado solicita al Tribunal Supremo su absolución, alegando que los hechos no constituyen delito. Se propone citar a varios testigos, incluidos periodistas y funcionarios, para esclarecer el caso. El escrito destaca una estrategia de manipulación atribuida al jefe de gabinete de Ayuso y la difusión de una versión sesgada de los hechos. Además, se menciona una negociación en curso relacionada con delitos fiscales. García Ortiz defiende su actuación, asegurando que cumplió con su deber de difundir información veraz y gestionó datos conforme a normativas de seguridad cibernética.
* Resumen supervisado por periodistas.
"Una operación perfectamente orquestada desde el aparato institucional de la Comunidad de Madrid" para presentar al novio de Isabel Díaz Ayuso como "víctima de una operación política". Así es como define el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, la causa contra él por presunta revelación de secretos, según recoge el escrito al que laSexta ha accedido este jueves.
Por eso, su defensa ha pedido al Tribunal Supremo que le absuelva, al entender que los hechos que le atribuyen "no constituyen ilícito penal alguno, no existiendo responsabilidad penal". Además, plantea citar como testigos al mismo Alberto González Amador, a su abogado Carlos Neira, al jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez -más conocido como MÁR-, así como a fiscales, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y periodistas que ya testificaron en la fase de instrucción.
Entre los indicios que aporta, en un escrito al que ha tenido acceso laSexta, está el chat de Tribunales de esta cadena, en el que se contó que la oferta de acuerdo había partido de la defensa de la pareja de Díaz Ayuso y no de la Fiscalía, cinco minutos antes de que García Ortiz recibiera el expediente completo de la causa.
Además, en el escrito se acusa a MÁR de llevar a cabo una estrategia de manipulación. Algo que argumenta en declaraciones políticas de Ayuso o en la descalificación de la fiscal jefa provincial de Madrid sobre la que se insinuó públicamente tener "supuestos vínculos políticos (...) con el Gobierno". En este sentido, también se recuerda la "difusión de una versión manipulada de los hechos a través de WhatsApp" mediante las listas de prensa del departamento de Comunicación de la Comunidad de Madrid, así como a través de la red social X.
En ella, la defensa del fiscal general del Estado destaca que "incluía (...) una grave acusación sobre supuestas maniobras (...) para perjudicar ilícitamente a González Amador". Asimismo, recogen la difusión de esa misma versión manipulada a través de medios de comunicación políticamente afines.
De hecho, la defensa del fiscal general, ejercida por la Abogacía del Estado, recuerda que la 'Cadena Ser' accedió al email antes de la publicación de la versión manipulada de MÁR "de una fuente cuya identidad no ha revelado". Precisamente, fue el periodista de este medio Miguel Ángel Campos "el primero en difundir el contenido del correo electrónico de 2 de febrero de 2024", en el que el abogado de la pareja de Ayuso ofrecía un acuerdo de conformidad al Ministerio Público tras admitir la comisión de dos delitos de fraude fiscal.
Una negociación que en el escrito recuerdan "sigue abierta". "Con posterioridad a la difusión de los correos electrónicos relativos a las negociaciones de conformidad la defensa de Alberto González Amador continuó durante meses negociando la misma, posibilidad que todavía sigue abierta", reza el documento.
Por otro lado, García Ortiz defiende que cumplió con su "obligación de difundir información veraz a la ciudadanía" en vista a "las informaciones inveraces o tergiversadas que estaba difundiendo" MÁR. También alega que borró contenido de su teléfono móvil tal y "como hacía con regularidad en el desempeño de su función y de manera segura". En este sentido, subraya que lo hizo "de conformidad con" el Reglamento de la UE y recomendaciones del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), entre otros.