El coronavirusgolpea de lleno al empleo. La crisis sanitaria ha abierto el dique de una cascada de ERTE en empresas de todos los sectores, desde la automoción a la hostelería, pero tras las infaustas siglas del expediente de regulación temporal de empleo hay trabajadores con nombre y apellidos, que enfrentan días, si no meses, de incertidumbre y temor a no llegar a fin de mes.

"La empresa nos comunicó que desde el 14 de marzo, debido al estado de alarma, se veían obligados a aplicar un ERTE por fuerza mayor". Así arranca el relato de Javi (nombre ficticio), cuya empresa, una compañía del sector turístico, ya ha iniciado los trámites para suspender los contratos de sus empleados.

Su testimonio podría ser el de cualquiera de las decenas de miles de personas cuyas empresas se han acogido a esta medida, que el Gobierno ha flexibilizado para evitar que se destruya más empleo por la pandemia. El miércoles, Yolanda Díaz estimó que hay en torno a medio millar de estos procesos en cola ante la Dirección General de Trabajo. Una cifra "abrumadora", según admitió la propia ministra, que no hace sino crecer desde empresas de todos los tamaños y sectores.

Precisamente el de Javi es uno de los más afectados por la crisis sanitaria: en tiempos de coronavirus y confinamiento, la gente no se va de vacaciones. Aerolíneas y cadenas hoteleras han planteado ya sus propios ERTE, mientras arrecian las cancelaciones y la demanda se desploma. Para los próximos meses, el pronóstico no es más halagüeño: "El dibujo es de facturar cero", augura este profesional.

Tanto es así, que su empresa prevé plantear un segundo ERTE una vez finalice el estado de alarma. "Cuando acabe este ERTE por fuerza mayor, pasaremos a un ERTE por causas económicas", cuenta Javi. Como parte de las medidas extraordinarias anunciadas por el Ejecutivo, el desempleo que gasten los trabajadores durante los ERTE por el COVID-19 no se les descontará. Lo que ocurra con los que se den más adelante es una incógnita.

Reducción de jornada y pérdida salarial

De momento, el ERTE por fuerza mayor en el que ya está inmersa la firma de Javi afecta de forma desigual a los empleados. "A los que están en la agencia física, que permanece cerrada, es del 100%", precisa. Al resto de la plantilla, entre la que él se incluye, el expediente supone una reducción del 70% de la jornada laboral.

Para Javi, que está teletrabajando habida cuenta de las recomendaciones sanitarias, se ha visto reducida a apenas dos horas y media diarias. Al menos, así es sobre el papel, porque en la práctica está trabajando unas cinco o seis horas al día, ya que la empresa ha pedido a sus empleados un esfuerzo extra. "Si remamos todos y sumamos todos el 120%, antes se saldrá de la situación", es el mensaje que se les ha transmitido.

"La pérdida de poder adquisitivo va del 35 al 38%"

Pero el impacto en la economía doméstica de los trabajadores no es menor: de un día para otro, Javi ha visto esfumarse más de una tercera parte de sus ingresos. "A nivel de salario, la pérdida de poder adquisitivo va del 35 al 38%", precisa. Un golpe a la economía familiar que va a ser muy duro para algunos de sus compañeros y compañeras de trabajo. Especialmente, cuando un recorte salarial de este calado coincide con unos alquileres al alza. "El alquiler aprieta, puede ser muy complicado para gente que iba un poquito al límite", advierte Javi.

Precisamente, algunos de sus compañeros habían aceptado subidas de la renta recientemente y el frenazo puede hacer que no les salgan las cuentas: "Si justo ahora, después de haber aceptado esa subida del alquiler, es la rebaja que te toca o incluso mayor, el poder adquisitivo se limita a hacerte arroz blanco y poco más", resume este empleado.

Los contratos precarios, el primer "filtro" de despidos

En su caso, al menos, reconoce que la gestión de la situación por parte de la empresa ha sido "transparente". "Nos avisaron por videoconferencia a todos", relata. No fue así para Natalia, que se ha enterado de que la suya se plantea uno a través de una publicación indiscreta en Instagram. Tampoco para María, cuya empresa optó por despedirla antes de conocer las medidas del Gobierno y se ha quedado sin derecho a paro. A Jorge, le dijeron que no había superado el periodo de prueba, aunque unos días antes le felicitaban por las ventas. Tampoco ellos quieren ver publicados sus nombres reales, pues aún tienen esperanza en recuperar sus puestos.

Y es que aquellos empleados con contratos más precarios ni siquiera han tenido la opción del ERTE. En la empresa de Javi, quienes estaban a prueba han sido los primeros en verse en la calle. "Ha sido el primer filtro de despidos, lo más sencillo a nivel contractual era o por periodo de prueba no superado o por decir que los resultados no han sido buenos", reconoce.

Solo en Catalunya, la crisis sanitaria había enviado al paro este viernes, vía ERTE, a más de 152.230 personas. En la Comunitat Valenciana, son otros 38.110, y Andalucía ha registrado más de 6.500 solicitudes de las empresas. Y el aluvión de expedientes suma y sigue.