El Supremo abre una nueva causa contra Alvise Pérez por revelación de secretos y acoso a sus dos eurodiputados

A Alvise Pérez se le acumulan cada vez más y más asuntos pendientes con la Justicia. El Tribunal Supremo le ha abierto ahora una nueva causa penal, en este caso por revelación de secretos y acoso a los dos eurodiputados que se presentaron junto a él a las elecciones europeas por 'Se Acabó la Fiesta'. Una causa que instruirá el magistrado Manuel Marchena y que es ya el cuartoprocedimiento que el agitador ultraderechista tiene abierto en el Alto Tribunal.

Los dos europarlamentarios, Nora Junco y Diego Solier, abandonaron el partido de Alvise hace unos meses, después de que este insinuara que podrían haberse vendido al lobby armamentístico tras votar de forma diferente a él en la Eurocámara. Ya entonces, sus excompañeros anunciaron medidas legales contra él, entre acusaciones de "matonismo" y "chantaje". Ahora, el Supremo admite a trámite una querella que interpusieron en junio, siguiendo el criterio de la Fiscalía, al apreciar indicios de criminalidad.

En su auto, la Sala de lo Penal recoge que los eurodiputados denunciaban en ella que no solo han sido víctimas de una continua campaña de hostigamiento a través de las redes sociales como consecuencia de los mensajes que Alvise publicó sobre ellos -en un podcast y en Telegram-, sino que incluso llegaron a temer por su integridad física, al revelar también el lugar donde estaban o al que se dirigían.

Una vez filtradas sus direcciones de correo, su número de teléfono y sus redes sociales, habrían recibido una ingente cantidad de mensajes ofensivos y amenazantes, que la querella aporta.

Una situación que les llevó a tener que "soportar una continua sensación de inseguridad, modificando sus hábitos o rutinas, cerrando algunas de sus redes sociales y limitando a terceros la posibilidad de comentarios en las que conservan, así como también se verían obligados a no atender ninguna llamada telefónica procedente de número desconocido, lo que obstruye significativamente su labor parlamentaria y la propia de su ordinaria vida familiar". En el caso de Junco, además, tuvo que cambiar su número de teléfono.

Como consecuencia de esta situación, los denunciantes tampoco podían atender con normalidad sus cuentas de correo, tanto personales como profesionales, ya que reciben regularmente "miles" de emails, "cientos diarios", con insultos y amenazas, lo que les obliga a hacer una criba en la que podrían haber perdido algún correo importante. Todo ello, además del constante miedo o intranquilidad que les generaba el poder ser abordados por la calle por cualquier desconocido.

El tribunal considera que lo expuesto "e indiciariamente justificado" en la querella, pese al aún "muy incipiente" momento procesal, autoriza a considerar que la actuación de Alvise pudo ser delictiva, habida cuenta de sus "explícitas llamadas" a que "un grupo muy numeroso de seguidores expresara y desarrollara una actitud repetidamente hostil hacia los querellados".

Para la Sala, también "aparece indiciariamente justificado" que el eurodiputado ultra "pudo haber facilitado y hecho público aspectos personales e identificativos" de las víctimas, "sin que cesara en su actitud después de que muchos de sus seguidores hubieran reflejado explícitamente la intención de alterar el normal desarrollo" de sus vidas, "reiterando sus llamamientos a que resultaran hostigados como reacción a su posición política".

Apunta además que "pudo existir una intención voluntaria y consciente de comprometer, de manera significativa, el normal desarrollo de la vida cotidiana de sus víctimas, a partir de la persecución que pudieran desplegar las numerosas personas que llegaran a sentirse concernidas por su llamamiento público".

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