La asociación Amama asegura que hay "varias mujeres muertas ya por retrasos" en el cribado del cáncer de mama

La presidenta de Amama, Ángela Claverol, ha desvelado este martes que "hay varias mujeres muertas ya por retrasos" en las pruebas complementarias que necesitaban tras una primera mamografía dentro del programa de detección precoz del cáncer de mama con resultados no concluyentes. "Esto es una catástrofe".

En una entrevista en Onda Local de Andalucía recogida por Europa Press, Claverol ha relatado el caso de un marido al que ha atendido este mismo martes en la sede de la entidad y cuya esposa falleció la semana pasada. "Nuestra realidad es ésta. Nuestra realidad son mujeres llorando todos los días. Nosotras sí tenemos empatía", ha señalado después de sostener que "los que están con ansiedad son ellos", en alusión al Gobierno andaluz.

Igualmente, Amama --la asociación que alertó y destapó los problemas en el programa de cribado del cáncer de mama-- ha reconocido que han atendido también a personas que "están ofreciendo dinero para que las mujeres se hagan esas pruebas" ya en la privada. "¿Cuánto vale para el SAS la vida de una andaluza?", se ha preguntado Claverol, que ha reclamado que se contrate ya a más radiólogos.

En este punto, ha confirmado la presentación de una demanda colectiva sobre la que queda "fijar en qué términos" se hará. "Sólo les duele si les cuesta el dinero", ha manifestado la presidenta de Amama, que ha insistido en que "nuestro única enemigo es el cáncer de mama".

La asociación ha reiterado su petición de "informe veraz" sobre el alcance de las personas afectadas; que se depuren responsabilidades y que se le hagan las pruebas "ya". "No tenemos quejas de los profesionales, que son nuestros héroes, porque cuando llegamos ellos nos salvan la vida. Las quejas son por la Administración", ha sentenciado Ángela Claverol.

IU denuncia ante la Fiscalía los "errores graves" en el cribado

En otro orden de cosas, Izquierda Unida ha formalizado ante la Fiscalía General del Estado una denuncia por los "errores graves" en el programa de cribado de cáncer de mama en el sistema público de salud de Andalucía, considerando como "implicados" a los tres últimos consejeros de Salud de la Junta, Rocío Hernández, que actualmente ostenta el cargo; Catalina García (ahora consejera de Sostenibilidad de Medio Ambiente) y Jesús Aguirre (actual presidente del Parlamento autonómico).

En la denuncia, con fecha 6 de octubre y que ha sido difundida a los medios de comunicación por Izquierda Unida este martes, se señala que los hechos acontecidos apuntan "indiciariamente la comisión de múltiples delitos", como "homicidio imprudente en comisión por omisión", "lesiones imprudentes en comisión por omisión" y "omisión del deber de prestar servicios sanitarios". Respecto al primero de los supuestos "delitos", se señala en la denuncia que, de los hechos relatados, se puede desprender que, debido a "un fallo sistémico en la gestión sanitaria" no se ha realizado el seguimiento adecuado en los casos catalogados como "no concluyentes" o "dudosos" en el programa de cribado de cáncer de mama.

Se indica que la asociación de mujeres con cáncer de mama Amama y otras organizaciones han apuntado a que la falta de diagnóstico precoz ha provocado que el "cáncer de mama evolucione y, en algunos casos, lleve al fallecimiento de pacientes". "La detección temprana es fundamental, ya que un diagnóstico a tiempo mejora drásticamente las tasas de supervivencia, permitiendo un tratamiento más efectivo, y el programa de cribado de cáncer de mama depende de la gestión de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía", según se recoge.

Asimismo, se expone que el programa de cribado de cáncer de mama depende de la gestión de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, por lo que cualquier "omisión o retraso en la revisión de resultados no concluyentes constituye una falta de diligencia en la gestión pública". "De haberse producido el fallecimiento por cáncer de mama de alguna mujer que se haya sometido al cribado y haya recibido un resultado dudoso sin el seguimiento correspondiente, estaríamos ante un supuesto de homicidio imprudente, en los términos recogidos en el apartado 1 del artículo 142 del Código Penal, en combinación con el artículo 11, al concurrir la acción por omisión y la relación de causalidad entre la inacción y el daño causado", recoge la denuncia.

En cuanto al posible delito de "lesiones imprudentes en comisión por omisión", la denuncia recoge que esta omisión ha expuesto a las mujeres afectadas a un "riesgo grave para su salud, al retrasar la detección de posibles lesiones malignas que, de haberse diagnosticado a tiempo, podrían haberse tratado con procedimientos menos agresivos y con mejor pronóstico".

La asociación Amama y otras organizaciones de pacientes "han documentado que estos retrasos en el cribado han provocado que algunas mujeres hayan desarrollado cánceres más avanzados, requiriendo tratamientos más invasivos y prolongados, lo que constituye un daño físico y psicológico directo", según se añade. En la denuncia se recoge que, "dado que el programa de cribado depende de la gestión de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, la falta de diligencia en la revisión y seguimiento de resultados no concluyentes constituye un incumplimiento del deber de cuidado exigible a la administración sanitaria".

"Por tanto, cualquier agravamiento de la enfermedad o daño físico derivado de la inacción puede constituir un supuesto de lesiones imprudentes en comisión por omisión, conforme al apartado 1 del artículo 152 del Código Penal, en relación con el artículo 11, al existir relación directa entre la omisión de seguimiento y el perjuicio causado a la salud de las afectadas", se añade. Respecto al supuesto delito de "omisión del deber de prestar servicios sanitarios", se expone que esta "omisión de acción ha generado un riesgo directo para la salud de las mujeres afectadas, retrasando la detección precoz de posibles lesiones malignas y, en consecuencia, comprometiendo la eficacia del tratamiento y aumentando el riesgo de agravamiento de la enfermedad".

"La obligación de prestar servicios sanitarios es un deber legal y constitucional, conforme a lo establecido en el artículo 196 del Código Penal, que sanciona la inacción de aquellos responsables de la salud pública cuando, teniendo conocimiento de un riesgo grave para la vida o la integridad física de las personas, no actúan para prestar los servicios sanitarios necesarios", indica la denuncia. Se añade que "el retraso en la revisión de mamografías no concluyentes y la falta de comunicación con las afectadas constituyen, en este contexto, un incumplimiento del deber de asistencia sanitaria que puede ser constitutivo del delito de omisión del deber de prestar servicios sanitarios, al haberse producido un perjuicio potencial y real para la salud de las mujeres bajo la responsabilidad directa de la Consejería".

En consecuencia, según recoge la denuncia de Izquierda Unida, "la conducta omisiva descrita podría generar responsabilidad penal conforme al artículo 196 del Código Penal, en relación con el artículo 11 CP, al existir un nexo directo de causalidad entre la inacción de la administración y el daño potencial y efectivo causado a las pacientes afectadas por el retraso en el cribado".

Para Izquierda Unida, según se refleja en su denuncia, "los hechos descritos reflejan un fallo sistémico en la gestión sanitaria que no solo ha generado un perjuicio potencial a miles de mujeres andaluzas, sino que también constituye una grave quiebra de la confianza ciudadana en las instituciones sanitarias públicas, con posibles responsabilidades administrativas y penales por parte de los responsables de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud".

Un bufete de abogados prepara una demanda colectiva

El bufete SIRES Abogados ha decidido dar un paso adelante para ayudar a las mujeres afectadas por el escándalo de los retrasos en las mamografías en Andalucía, y ha creado una plataforma para asesorar a las afectadas y ayudarlas a presentar una demanda colectiva contra la Junta de Andalucía.

El abogado titular del bufete, José Antonio Sires, ha gestionado varios casos relacionados con negligencias médicas en los últimos años, y ya acumula demandas por dos millones de euros en distintos casos de mala praxis relacionadas con la atención sanitaria que tendría que haber recibido sus clientes.

Por ello, "y porque los abogados muchas veces tenemos que ir por delante de las necesidades de las personas que nos necesitan" señalan en un comunicado, ha decidido crear una plataforma de ayuda, a la que se podrán sumar todas las mujeres que, libremente, se quieran unir en una demanda colectiva.

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