La euforia por un pleno en el que se aprobaron los terceros Presupuestos Generales del Estado de este Gobierno se ha difuminado en cuestión de una semana. El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, vuelve al Congreso de los Diputados en un ambiente mucho más crispado, no solo por las acusaciones de "ceder ante el independentismo" de una oposición que sigue enrolada en la derogación del delito de sedición, sino también con sus propios socios de Gobierno, Unidas Podemos, con los que se han abierto grandes brechas por varias leyes, las novedades sobre Melilla y los nombramientos para el Tribunal Constitucional.

En esta sesión de control al Gobierno Sánchez responderá a las preguntas de la oposición, que ha puesto el foco en la derogación del delito de sedición. La portavoz del grupo popular, Cuca Gamarra, planteará al presidente la pregunta genérica "¿para qué mayoría social gobierna?", mientras que el líder de Vox, Santiago Abascal, quiere saber "qué otras cesiones a separatistas extremistas y delincuentes" se propone llevar a cabo.

Esta sesión, precisamente, se celebra justo un día antes de que se debatan las enmiendas a la totalidad a la reforma del Código Penal para suprimir el delito de sedición, que la oposición de las bancadas de la derecha interpreta como una contraprestación del Ejecutivo para obtener el apoyo de los independentistas a las cuentas de 2023.

Polémico nombramiento de Juan Carlos Campo y Laura Díez

La elección del Gobierno del ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo y la exdirectora del Ministerio de la Presidencia Laura Díez como magistrados del Tribunal Constitucional (TC) no gusta al PP ni a gran parte de sus socios, que ven en este otro ejemplo de lo que se conoce como "puertas giratorias".

El líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, considera este "un nuevo asalto a las instituciones", y denuncia, en un mensaje en sus redes sociales, que "ahora queda claro por qué se negaron a despolitizar el Poder Judicial y bloquearon un acuerdo". Unas negociaciones que ciertamente rompió el PP cuando se anunció que se llevaría a cabo la reforma del delito de sedición.

Por su parte, desde Unidas Podemos tachan de "cinismo" el hecho de que la jueza Victoria Rosell, delegada del Gobierno para la Violencia de Género ahora, fuera "vetada" para ser puesto vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Y aunque afirman que el principal problema viene dado por el bloqueo del PP a la hora de renovar el CGPJ, para otros socios de investidura, como Íñigo Errejón, el Gobierno "ha perdido una buena oportunidad para interrumpir la costumbre de nombrar a dos cargos casi en ejercicio" para ocupar estos puestos. A Gabriel Rufián esta elección le "chirría", y aunque reconoce que es legal, le parece "un poco feo". "Hay mucha gente preparada a parte de los ex altos cargos del Gobierno", ha considerado.

Marlaska comparece por la tragedia de Melilla

Uno de los momentos críticos de esta jornada política la protagonizará el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que comparece en el Pleno del Congreso para intentar despejar las dudas sobre como se gestionó la tragedia de Melilla, un salto masivo a la valla el 24 de junio pasado que dejó al menos 23 inmigrantes fallecidos.

Su comparecencia viene marcada por las críticas que está recibiendo el Ejecutivo -incluso por parte de sus socios de investidura- por negar muertes del lado español de la valla. También, por la petición de dimisión a Marlaska por parte del Partido Popular.

Después de que la 'BBC' emitiera un reportaje con imágenes que, según la cadena de televisión británica, revelaban que había inmigrantes fallecidos en territorio español, los grupos parlamentarios volvieron a pedir la comparecencia del ministro.

Entre tanto, parlamentarios de la Comisión de Interior acudieron a una visita a la valla y visionaron (el pasado viernes) los vídeos recogidos por las cámaras del paso fronterizo, del helicóptero y del dron de la Guardia Civil que intervinieron.

Además de la investigación que desarrolla la Fiscalía y la investigación del Defensor del Pueblo, la ONG 'Lighthouse Reports' ha hecho público un informe que denuncia que algunas personas fueron aplastadas en el lado español de la frontera, abandonadas sin recibir atención médica, y que alguna muerte se produjo en suelo español.

La posición del Ejecutivo ha sido en todo momento la de afirmar que "ningún hecho trágico" se produjo en suelo español. También han respaldado las actuaciones de la Guardia Civil aquel día, "proporcionadas", dice Marlaska, rente al ataque "violento, organizado e intolerable" de las casi 2.000 personas que ese día intentaron cruzar a España.

La ley Trans divide también a PSOE y Podemos

La ponencia de la Comisión de Igualdad que debe dictaminar el proyecto de ley trans se reúne por vez primera este miércoles en el Congreso, con el PSOE y Unidas Podemos enfrentados al pretender los socialistas que un juez autorice el cambio de sexo en el registro a los menores de 16 años. Socios de la investidura, como Gabriel Rufián (ERC) creen que con este asunto "tienen un Vietnam interno importante" en el seno del Ejecutivo.

La ponencia se reunirá tras concluir el pleno y analizará las enmiendas parciales registradas después de que se rechazaran los enmiendas a la totalidad del PP y Vox.

Unidas Podemos confía en que el PSOE no bloquee por un "cálculo político" un proyecto que lleva la firma del Ejecutivo y que llegó al Congreso tras arduas negociaciones en el seno de la coalición de gobierno, pero los socialistas insisten en que la norma necesita seguridad jurídica.

Ley de familias frenada a última hora por Presidencia

Otro punto de fricción viene dado por el retraso en la aprobación de la Ley de Familias elaborada por el ministerio de Ione Belarra. Estaba previsto que se abordase este martes en el Consejo de Ministros, pero el Ministerio de Presidencia la frenó a última hora del lunes y la sacó de la agenda.

Desde Moncloa, aseguran que su retraso se debe a cuestiones técnicas: afirman que el texto tiene aún alegaciones de diferentes ministerios y que hay que armarla bien.

La imagen que muchos diputados no quieren que se repita

A pesar de todas estas discrepancias, a muchos diputados les preocupa el tono que se ha alcanzado en la Cámara Baja. Sobre todo, tras los insultos que recibió la ministra de Igualdad, Irene Montero, la semana pasada por parte de la diputada de Vox Carla Toscano. Unos ataques machistas que llevaron al Gobierno y a la mayoría de grupos parlamentarios a cerrar filas con la ministra.

Durante los días que siguieron a estos ataques, varios diputados, como Gabriel Rufián o Joan Baldoví pidieron a la Mesa del Congreso que actuase y fuese más estricta con esos insultos y comportamientos en sede parlamentaria. "Si dejamos que esto se normalice cada sesión, esto es un ambiente irrespirable", ha afirmado el diputado Joan Baldoví.

Desde entonces, la Mesa ha recogido el guante y ha pedido mantener la compostura en varias ocasiones, como ya ocurría durante la sesión del jueves pasado.