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El pulso del PP a la sanidad pública: entre hospitales privatizados, recortes y la respuesta de millones de ciudadanos
Los detalles Desde el primer hospital gestionado por empresas privadas en Valencia hasta los recortes de Rajoy, la sanidad española ha sufrido sobrecostes, derechos recortados y hospitales saturados. Pero la ciudadanía ha respondido con protestas masivas y defensa de lo público.
Imagina un hospital que debería cuidar de todos los ciudadanos, pero que en vez de ser gestionado por el Estado termina en manos privadas. Suena extraño, ¿verdad? Así empezó la historia de la privatización sanitaria en España, con el Hospital de Alzira, en Valencia.
Inaugurado en 1999 por Eduardo Zaplana (PP), fue el primer hospital público gestionado por una empresa privada. La promesa: más eficiencia y un ahorro del 20% frente a la gestión pública. La realidad fue otra: acabó rescatado por la administración y costando más de 69 millones de euros. Ese episodio marcó un antes y un después: Valencia abrió la puerta a un modelo que luego se expandiría a otras comunidades.
Madrid no tardó en seguir los pasos. Bajo Esperanza Aguirre (PP), la privatización se consolidó como política de Estado. En la campaña de 2003, la candidata del PP prometió la construcción de siete nuevos hospitales, y los años siguientes estuvieron llenos de inauguraciones de hospitales "públicos" que, en realidad, estaban construidos y gestionados por empresas privadas.
Lo que se vendía como eficiencia y ahorro terminó generando sobrecostes millonarios, cuestionando la sostenibilidad de un sistema que debería garantizar atención sanitaria universal.
Pero la privatización no fue el único golpe a la sanidad pública. En 2012, bajo Mariano Rajoy (PP), los recortes fueron históricos: 7.000 millones de euros menos en sanidad, un 10% del gasto total, la supresión de la universalidad para 900.000 migrantes y la implantación del copago farmacéutico.
Una sacudida que afectó a millones de personas y que dejó claro que la sanidad, lejos de ser un derecho intocable, podía ser tratada como una partida más de ahorro presupuestario.
La respuesta ciudadana ha sido igualmente histórica. La marea blanca, movimiento que une a médicos, enfermeras y ciudadanos, ha protagonizado algunas de las manifestaciones más multitudinarias de España. En 2022, 600.000 personas tomaron las calles de Madrid para defender la sanidad pública.
La capital lidera el ranking de comunidades con más privatizaciones, seguida de las Islas Baleares, Cataluña y Andalucía. En esta última, los profesionales llevan meses denunciando, mucho antes de escándalos mediáticos como el de las mamografías, el deterioro de hospitales y centros de salud: falta de personal, falta de medios, falta de inversión.
Décadas de políticas de privatización y recortes muestran que este pulso del PP no es solo político: es una cuestión de derechos, dinero y modelo de sociedad. La sanidad pública española se enfrenta a un dilema que va más allá de ideologías: cómo garantizar un sistema universal, de calidad y sostenible mientras la gestión privada y los recortes continúan ejerciendo presión.
Desde el Hospital de Ariza hasta las recientes movilizaciones de la marea blanca, la historia es clara: cuando la sanidad pública se juega a manos privadas, el coste no siempre se mide en dinero. Se mide en derechos perdidos, servicios deteriorados y confianza ciudadana. La pregunta que sigue abierta es si España logrará mantener su sanidad como un bien común, o si las décadas de privatización y recortes habrán marcado un camino del que será difícil volver.
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