El entorno de García Ortiz insiste en que debe seguir para garantizar la fortaleza de la institución contra las mentiras y los poderes ocultos

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha acudido este viernes a la apertura del Año Judicial en el Tribunal Supremo, pese a la polémicagenerada por su procesamiento. De hecho, según han contado fuentes fiscales, en ningún momento se planteó no hacerlo, como tampoco dejar el cargo. De esta manera, esgrime un mensaje de resistencia, aunque admite entender a aquellos que consideran que debe dimitir.

Respecto a su continuidad al frente de la Fiscalía, García Ortiz considera que, si bien puede parecer que se aferra al cargo, es bueno para el Ministerio Fiscal hacerlo. En este sentido, las citadas fuentes argumentan que su permanencia significa que la mentira no puede tumbar a fiscal general, así como que la Fiscalía aguanta los ataques de poderes ocultos. Incluso, llegan a preguntarse qué pasaría después en el caso de marcharse.

En definitiva, desde la Fiscalía se considera que su asistencia este viernes al Tribunal Supremo demuestra la fortaleza de las instituciones, pues se trata de un acto en el que el jefe del Ministerio Público tiene que estar. De hecho, subrayan que ha cumplido la ley, pues según recoge la norma tiene que ser el fiscal general del Estado el encargado de presentar la Memoria.

Documento que días antes entregó tanto al rey Felipe VI en Zarzuela como al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Moncloa. Unas recepciones que para las citadas fuentes fiscales tienen también su significado: la normalidad institucional. Precisamente, sobre el apoyo del Ejecutivo, se muestran agradecidos. Eso sí, destacan que más allá de ese respaldo, él es autónomo.

Preguntados sobre la situación procesal del fiscal general insisten en que los trámites son así. Y es que García Ortiz se encuentra a un paso del banquillo por un presunto delito de revelación de secretos por la difusión del correo electrónico en el que la defensa de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, confesaba delitos fiscales en nombre de su cliente, investigado a su vez por fraude fiscal y falsedad documental y con una segunda causa abierta por administración desleal y corrupción en los negocios.