El juez Peinado pregunta si Begoña Gómez tenía cualificación para firmar los pliegos del software de su cátedra

El juez Juan Carlos Peinado ha solicitado un informe para determinar si Begoña Gómez tenía o no la cualificación necesaria para firmar los pliegos del software de la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense. Una petición que el magistrado realiza en el marco de la acusación contra Gómez por intrusismo profesional, una de las muchas vías que en su investigación contra la mujer del presidente del Gobierno.

En concreto, el juez ha acordado oficiar a la Asociación Española de Abogados del Estado a fin de que, "a la mayor brevedad posible", emita un informe detallado sobre las "cualificaciones académicas y titulación exigible para la elaboración, redacción o suscripción de cualquier pliego de condiciones y/o prescripciones facultativas que hayan de servir de base para cualquier proceso de selección de contratistas en todo tipo de procesos para la adjudicación de contratos de servicios, suministros u obras públicas".

Así lo acuerda en una providencia, a la que ha tenido acceso laSexta, en la que alude a la firma por parte de Gómez los pliegos del contrato para el desarrollo de ese software, ligado a la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva que codirigía en la citada universidad madrileña.

El pasado mes de octubre, la Complutense pidió personarse como perjudicada en la causa por la supuesta apropiación indebida del software, después de que Peinado así se lo ofreciera, por considerar que los hechos objeto que se investigan podrían haber causado "un perjuicio económico y ser lesivos para los intereses" de la institución.

Las presuntas irregularidades en el registro del software, que fue financiado por varias empresas en el marco de la citada cátedra, es una de las vías que ha seguido el magistrado en su errática instrucción contra la mujer de Pedro Sánchez, que sigue desde hace ya más de un año. En este tiempo, el juez ha explorado también el asunto del rescate a Air Europa -"sin el más mínimo indicio", según la propia Audiencia de Madrid-, los contratos del empresario Juan Carlos Barrabés o las labores de su secretaria en Moncloa.

Gómez, por su parte, niega haber cometido un delito de apropiación indebida de marca al inscribir el software y asegura que fue la propia universidad la que le indicó cómo registrarlo. Además de por apropiación indebida e intrusismo, Peinado la investiga por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

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