la sanidad de ayuso
No hay garantías sin un registro de objetores: las claves tras admitir el gobierno de Ayuso no poder asegurar el aborto
Los detalles Sin esa lista de médicos que se oponen a interrumpir embarazos, no se pueden organizar las plantillas para garantizar este derecho en la sanidad pública.
"Vayánse a otro lado a abortar". Son unas lamentables declaraciones públicas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de las que ya ha pasado casi un año. Ahora, desde Sol siguen sin asegurar a las mujeres madrileñas la posibilidad de abortar en algunos hospitales de titularidad pública. Es más, el gobierno de Ayuso lo ha reconocido incluso por escrito.
Aseguran de forma literal que "en algunos hospitales públicos no se puede garantizar" el derecho al aborto. Es el argumento que dan para justificar que el Hospital del Escorial encargue a centros privados la interrupción del embarazo. Una falta de garantías que, según apuntan, se debe al número de médicos que son objetores de conciencia.
Un argumento curioso porque, hasta ahora, no se conoce cuántos médicos son objetores. ¿La razón? Pues porque la Comunidad de Madrid, que dirige la baronesa 'popular', se ha negado a llevar a cabo el registro de objetores de conciencia, a pesar de la obligatoriedad de este que contempla la ley. Precisamente, ahí está la clave.
En concreto, la norma contempla ese registro anónimo para saber cuántos son y así poder organizar las plantillas para garantizar en la sanidad pública el derecho de todas las mujeres al aborto. De hecho, en marzo, la Justicia obligó al Gobierno de Ayuso a "iniciar" la creación del registro, pero ahí se ha quedado: iniciado, pero en pausa.
Todo esto a pesar de lo que Ayuso lleva tiempo repitiendo una y otra vez: que en Madrid existe acceso a esta prestación. "20.000 abortos en Madrid al año ¿No les da vergüenza mentir así a la gente?", sostenía hace unos cinco meses la presidenta madrileña. Si bien es cierto que se practican ese número de interrupciones del embarazo en la región, lo cierto es que ese dato viene con una gran trampa.
Y es que de esa totalidad, son muy pocos los abortos que se practican en centros de titularidad pública. En concreto y según datos del año 2024 ofrecidos por el Ministerio de Sanidad, el 99,5% de las interrupciones de embarazos se realizaron en centros privados, es decir, prácticamente todos. Además, muchos de ellos, derivados de la pública.