Así justifica Ayuso que Madrid no tenga registro de objetores, profesionales que no quieren practicar un aborto: "Que no se persiga ni señale a nadie"

De las 17 comunidades autónomas, solo cuatro siguen sin un registro de objetores, de profesionales que por razones éticas o religiosas no quieren practicar un aborto. Madrid es una de ellas y su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, argumenta que "obligar a un profesional sanitario o estigmatizarlo por hacer o por dejar de hacer no parece propio de una democracia liberal".

Sin embargo, aunque Ayuso defiende que "no se persiga ni señale a nadie", lo cierto es que ese registro no es público, y solo tienen acceso a él los que organizan, por ejemplo, los turnos. En este sentido, José Antonio Bosch, asesor jurídico de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la IVE, explica que "solo acceden los titulares o los responsables de los centros sanitarios". "Además, sobre ello ya se pronunció el Tribunal Constitucional", añade.

Para entrar en esa lista, solo hay que rellenar un formulario en el que no hay que dar ninguna explicación y permite, según las organizaciones feministas, paliar un enorme desequilibrio histórico. Laura Barrios, presidenta de la Federación de Mujeres Jóvenes, subraya al respecto que "la falta de recursos y la falta de humanidad de muchos centros de salud hace que las mujeres al final decidan ir a una clínica privada".

Y es que la mayoría de las interrupciones voluntarias del embarazo siguen haciéndose en centros privados, frente a apenas un 21% que lo hace en la pública. Precisamente, en revertir esos porcentajes se centra ahora el Gobierno, para que las mujeres "puedan ejercer este derecho en la red pública sin obstáculos y sin desigualdades territoriales", tal y como ha defendido la ministra de Sanidad, Mónica García. Y, de esta forma, que las mujeres tengan así la última palabra sobre su cuerpo.

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