Guerra contra el aborto
El Gobierno de Ayuso reconoce que el derecho al aborto "no se puede asegurar" en algunos hospitales públicos
Los datos En 2024 se realizaron 18.149 interrupciones voluntarias del embarazo en la Comunidad de Madrid. De ellas, el 99,53% se tuvieron que practicar en centros privados.
Resumen IA supervisado
La Comunidad de Madrid no garantiza el derecho al aborto en todos sus hospitales públicos. Según El País, el Hospital Universitario El Escorial ha licitado servicios para que centros privados realicen abortos a pacientes derivadas por la sanidad pública debido a la objeción de conciencia del personal sanitario en algunos hospitales. En 2024, el 99,53% de los abortos en Madrid se realizaron en centros privados. Isabel Díaz Ayuso se ha opuesto a crear un registro de objetores, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ordenó su creación. En abril, la Comunidad de Madrid publicó el proyecto para este registro, pero su tramitación sigue en proceso.
* Resumen supervisado por periodistas.
La Comunidad de Madrid no está garantizando el derecho al aborto en todos sus hospitales públicos. Según ha publicado El País, el Hospital Universitario El Escorial ha sacado una licitación para contratar centros sanitarios externos privados que practiquen abortos a pacientes derivadas por la sanidad pública madrileña.
Según señala el medio, el contrato del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) con centros privados, apunta que "en algunos hospitales públicos" de la región "no se puede asegurar" la realización de interrupciones voluntarias del embarazo "entre otros motivos, por el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia por parte del personal sanitario".
El medio apunta que el contrato para que clínicas y centros sanitarios externos puedan practicar interrupciones voluntarias del embarazo a pacientes del Hospital Universitario El Escorial es un acuerdo marco, que se publicó el 13 de agosto de 2026.
Con esto, el objetivo del Servicio Madrileño de Salud es que cuando el hospital no practique el aborto con sus propios medios, tenga una red de centros externos a los que derivar a las mujeres que deseen realizarlo.
La sanidad madrileña, señala El País, busca homologar a las empresas y centros sanitarios que prestarán el servicio de interrupción voluntaria del embarazo y fijar las condiciones de los contratos derivados de ese acuerdo para la asistencia sanitaria proporcionada por el Hospital Universitario El Escorial "en modalidad subsidiaria respecto a los recursos propios".
Sin ir más lejos, según las últimas cifras disponibles del Ministerio de Sanidad, en 2024 se realizaron 18.149 interrupciones voluntarias del embarazo en la Comunidad de Madrid. De ellas, el 99,53% se tuvieron que practicar en centros privados.
La guerra de Ayuso contra el aborto
Desde hace tiempo, Ayuso ha mostrado abiertamente su guerra contra el aborto. En octubre del año pasado, la presidenta de la Comunidad de Madrid se negaba a tener un registro de objetores porque, según ella, "obligar a un profesional sanitario o estigmatizarlo por hacer o por dejar de hacer no parece propio de una democracia liberal".
Sin embargo, aunque Ayuso defendía que "no se persiga ni señale a nadie", lo cierto es que ese registro no es público, y solo tienen acceso a él los que organizan, por ejemplo, los turnos.
El pasado 9 de marzo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ordenó al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que iniciara "de inmediato" la creación del registro de objetores para las interrupciones voluntarias del embarazo. La Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal aceptó las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio de Sanidad ante la negativa del Gobierno regional a aplicar la ley del aborto.
El tribunal especificaba en el auto que, aunque la medida cautelar no supone la creación inmediata del registro por parte de la Comunidad de Madrid, sí impone la obligación de iniciar los trámites administrativos necesarios para su elaboración e "implantación", en cumplimiento de la normativa vigente.
Así, en cumplimiento del auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), a principios de abril la Comunidad de Madrid publicó en el Portal de Transparencia el proyecto de orden de la Consejería de Sanidad por el que se crea el registro de médicos objetores del aborto para someterlo a consulta pública durante 30 días hábiles. Esta tramitación aún continúa en un limbo.