Piden la imputación de Fernando Simón en la causa que investiga la manifestación del 8-M. La denominada Asociación contra la gestión del COVID-19 solicita a la jueza que lo investigue por los delitos de desobediencia y denegación de auxilio.

Culpa a Simón de animar a las manifestaciones del 8M cuando el virus estaba descontrolado.

Según el texto de la acusación, al que ha tenido acceso laSexta, el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias hizo dejación de sus funciones y caso omiso de los informes que, aseguran, ya existían en el mes de marzo de la OMS advirtiendo del coronavirus.

Simón: "No he recibido nada"

Preguntado por esto, al poco de conocerse la denuncia, Simón ha dicho: "Yo no he recibido nada, no sé de qué se me acusa" y ha añadido: "Yo haré lo que el poder judicial me diga no tengo nada que ocultar, ni decir al respecto. Ahora mismo no estoy para centrarme en ese tipo de cosas, estoy centrado en hacer mi trabajo como todos los miembros del equipo en el Ministerio, en hacer nuestro trabajo lo mejor que podemos, nos estamos dejando la piel".

Simón: "Ahora mismo no estoy para centrarme en ese tipo de cosas, estoy centrado en hacer mi trabajo

La denuncia se refiere a "... falta de información veraz del número de fallecidos POR CORONAVIRUS, la negación en un principio de un peligro real en España de la existencia de coronavirus". Señala incluso que Simón animó a las manifestaciones del 8M cuando el virus ya estaba -dice- descontrolado en nuestro territorio.

Según el denunciante, estos delitos pueden ser constitutivos de homicidio imprudente, falsedad documental, delito contra la salud pública, delito contra la seguridad de los trabajadores, delito de lesiones por imprudencia profesional, delito de obstrucción a la justicia.

Amplía las acusaciones contra Franco

En un segundo escrito, el mismo denunciante, el abogado Víctor Valladares -en nombre de la Asociación- pide ampliar la imputación por prevaricación contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco.

En concreto, según informa el periodista Alfonso Pérez Medina, le atribuye también un delito contra los derechos fundamentales, concretamente el de manifestación, porque, según el informe de la Guardia Civil, -informe plagado de inexactitudes, errores y omisiones- la Delegación del Gobierno llamó a los convocantes de manifestaciones y marchas para que las desconvocaran.

Este punto ya ha sido desmentido por varios testigos citados en el informe. Aseguran, en algún caso, que se manipuló su declaración y, en otros casos, que nunca se sintieron presionados y que la desconvocatoria fue a raíz de la la declaración del estado de alarma.

Segunda querella para Simón

El pasado lunes, a preguntas de los medios, Fernando Simón afirmó no tener miedo a ser investigado por su labor en la crisis del COVID-19.

"Me han comentado que alguien ha interpuesto una querella. El juez actuará como tenga que actuar. Personalmente no tengo temor a que se me investigue (...) Nosotros hemos hecho el trabajo lo mejor que se ha podido; así que miedo, poco", señaló entonces el director del Centro de Alertas Sanitarias.

Simón: "Nosotros hemos hecho el trabajo lo mejor que se ha podido; así que miedo, poco"

En ese momento se refería a la querella de la Asociación Española de Abogados Cristianos contra el Gobierno por omisión del deber de socorro y prevaricación en la gestión de la crisis del coronavirus.

Culpa al Ejecutivo central, entre otras cosas, de no tomar medidas pese a estar informado de la letalidad del virus y a que la OMS ya había indicado en enero la necesidad de adquirir test, según aseguran.

Para la organización de juristas, la decisión de acudir a la vía penal "se ha visto motivada por la frivolidad con la que el gobierno está tratando a los mayores de 70".

El experto de Sanidad defendió, "tras revisar los datos mil veces", que "si el 8M ha tenido algún efecto en la evolución de la pandemia ha sido muy marginal". "Los días y semanas previas al 8M hubo muchos eventos que pudieron significar lo mismo", añadió Simón, que sostiene que todas las decisiones adoptadas han estado alineadas con las recomendaciones de los organismos internacionales.