"Limitan un derecho fundamental"

El Gobierno da tres meses a Madrid, Aragón, Baleares y Asturias para que garanticen el aborto y pongan en marcha el registro de objetores

Los detalles Fuentes del Ejecutivo a laSexta indican que estas comunidades autónomas siguen sin crear el registro, lo que "limita de facto el acceso de las mujeres a un derecho fundamental reconocido por ley".

Isabel Díaz Ayuso y Pedro SánchezIsabel Díaz Ayuso y Pedro SánchezAgencia EFE
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El Gobierno ha dado tres meses a los presidentes de Madrid, Aragón, Baleares y Asturias para que garanticen el derecho al aborto y pongan en marcha el registro de objetores. Lo ha hecho a través de una carta en la que ha notificado a las "comunidades incumplidoras" que les da "tres meses para crear y regular el registro". Si no cumplen, el Gobierno activará los mecanismos legales oportunos.

Fuentes del Ejecutivo a laSexta indican que estas comunidades autónomas siguen sin crear el registro. "Esta inacción limita de facto el acceso de las mujeres a un derecho fundamental reconocido por ley. El respeto a la objeción de conciencia de los profesionales nunca puede convertirse en un obstáculo para la atención sanitaria de las mujeres", han señalado.

Así, el Gobierno ha hecho hincapié en que su compromiso es "garantizar que todas las mujeres, vivan donde vivan, puedan ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo". Además de asegurar que este derecho se ejerza en la sanidad pública y con todas las garantías de seguridad, autonomía y libertad. Insisten, además, en que ninguna mujer debería de tener menos derechos por residir en una comunidad autónoma u otra.

El pasado viernes el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, propuso blindar el derecho al aborto en la Constitución ante las medidas antiabortistas de PP y Vox. En su mensaje en X, Sánchez anunció que se reformará el Real Decreto 825/2010 para "impedir que se proporcione información engañosa o contraria a la ciencia sobre el aborto". Del mismo modo, el Gobierno de coalición llevará al Congreso de los Diputados "una propuesta para constitucionalizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, en línea con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional".

Sánchez anunció estas dos medidas en respuesta a esa intención de las formaciones de derecha y ultraderecha de informar de un presunto 'síndrome post aborto', un supuesto trastorno cuya existencia no tiene evidencia científica, algo que ha llegado a admitir el propio alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

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