La Vuelta llega a Madrid con la ciudad blindada contra las protestas y la tensión política en máximos

Lo que prometía ser una competición más de La Vuelta a España se ha convertido en esta edición de 2025 en una macroprotesta contra el genocidio en Palestina por la participación del equipo israelí Israel-Premier Tech. De nada le sirvió al grupo enviado por Benjamin Netanyahu eliminar la palabra Israel de sus maillots el pasado fin de semana, pues las organizaciones a favor de Palestina no han dudado en seguir la competición en prácticamente todas sus paradas españolas desde el pasado 3 de septiembre, cuando boicotearon la etapa a su paso por Bilbao.

Desde entonces, cuando hubo que cancelar el final de etapa y tres personas fueron detenidas, el chorreo de arrestos ha sido continuo, también el de enfrentamientos políticos. La última, este sábado en Cercedilla, cuando la competición recaló en la Comunidad de Madrid y la etapa sufrió un intento de bloque a la altura de Cercedilla: manifestantes se sentaron en la vía, aunque la carrera pudo continuar. Hubo un detenido.

Frente a la situación, el Gobierno regional no dudaba en señalar, a través de un comunicado, que denunciará y emprenderá las acciones legales "oportunas" para que los "actos violentos" para que "no vuelvan a repetirse" y que sus autores "sean castigados". Así lo informaba al término de la etapa. "Cualquier tipo de manifestación o reivindicación deja de ser legítima cuando se usan medios violentos y se pone en riesgo la vida de corredores o aficionados como ha ocurrido hoy", añadían desde la Comunidad de Madrid.

No es algo nuevo. Ante la llegada de la competición a la capital este domingo, José Luis Martínez Almeida aseguraba este viernes que hará un "recuento de las alusiones a Hamás" en las protestas propalestinas en un nuevo intento más de negar el evidente genocidio de Israel en Gaza.

Según el alcalde, su preocupación máxima es que se generen "disturbios", en contraposición, las entidades organizadoras de las protestas vienen denunciando "cargas policiales" y una "represión brutal". "Creo que es absolutamente compatible una protesta pacífica con el desarrollo normal de la Vuelta Ciclista", expresaba Almeida, mientras que su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, no dudaba en calificar las manifestaciones de "bochornosas".

De ahí que el despliegue policial de este fin de semana rompa todos los récords. Es el mayor de la historia de Madrid desde que se celebrara la cumbre de la OTAN en 2022. Algo, que desde la oposición no han dudado en criticar acusando al Gobierno regional de "militarizar" la ciudad".

2.343 agentes tomarán las calles

Este domingo, un total de 2.343 agentes tomarán las calles de la capital. En concreto, 1.100 agentes de la Policía Nacional, 711 policías municipales y un refuerzo de 400 guardias civiles que se suma a los ya 132 agentes de este cuerpo que están fijos durante la prueba deportiva. También contarán con 59 agentes en motos, 28 todoterreno y un helicóptero de la Guardia Civil.

Todo ello después de que la Asociación para la Concordia en Oriente Medio (ACOM) denunciara ante la Audiencia Nacional a Red Solidaria contra la Ocupación Palestina (Rescop), el movimiento global BDS (Boicot Desinversiones y Sanciones), los partidos EH Bildu, Sumar, e Izquierda Unida y contra el director técnico de la Vuelta, Kiko García, por delitos de odio, contra la seguridad vial y desórdenes públicos, querella que ha sido rechazada por el juez Santiago Pedraz.

También después de que los ciclistas se plantaran antes de la etapa 17 de este miércoles. Los participantes se plantearon entonces parar la etapa e incluso poner fin al total de la competición al temer por su seguridad después de que en Pontevedra cientos de manifestantes ocuparan la meta, lanzaran chinchetas en la calzada provocando varios pinchazos y hasta bloquearan la carretera con un árbol presuntamente talado. La etapa culminó ocho kilómetros antes.

"El deporte no puede permanecer ajeno"

Desde el Gobierno, por su parte, no dudan en defender que es compatible el derecho a la protesta con el desarrollo de la competición. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, defendía este viernes en Murcia que sean compatibles la celebración "con normalidad" de La Vuelta y el "derecho a la protesta de personas que luchan por una causa justa".

Por su parte, la ministra portavoz, Pilar Alegría, aseguraba este miércoles en 'Cadena Ser' que lo vivido en las etapas de la competición "entra dentro de la lógica". "La sociedad española ni permanece ni puede permanecer equidistante ante lo que está pasando en Gaza. El deporte no puede permanecer ajeno a la realidad del mundo que le rodea", destacaba. Desde el Ejecutivo no dudan en mostrarse partidarios de que ciertos países sean eliminados de las competiciones internacionales.