El fiscal superior de Baleares, Bartomeu Barceló, explica que la agresión a la niña de Palma no es un caso de 'bullying', sino un caso puntual. "Eso es, en esencia, el hecho, por tanto no se le debería dar más importancia ni más trascendencia que la que tiene", añade.
Barceló ha pedido a los medios de comunicación "mesura y rigor" y ha criticado que hayan generado "una corriente de opinión basada en una única versión". De esta manera, desmiente parte de la versión de la familia de la niña, que ha presentado una queja ante el Defensor del Menor.
Cita como ejemplo que los partes médicos emitidos sobre las lesiones sufridas por la menor agredida el pasado 5 de octubre indican que revisten "la consideración de leve" y no coinciden "con muchas de las afirmaciones al respecto surgidas en los medios de comunicación".
Además, recalca que "pueden suponer graves afectaciones de derechos, generación de conclusiones equivocadas o erróneas" y también "graves consecuencias de futuro para dichos menores a corto, medio o largo plazo". Barceló ha indicado que el papel de la Fiscalía es velar por los derechos de cualquiera de los menores implicados en el asunto y proteger su honor, intimidad personal y familiar e imagen "incluso en contra de la posición al respecto que puedan mantener sus representantes legales".
Por su parte, la asociación de profesores 'PLIS. Educación, por favor' ha asegurado que los agresores deberían haber sido expulsados cinco días del colegio, como medida provisional tal como recoge el Decreto de derechos y deberes de los alumnos.
Según explican desde la asociación, el artículo 61 de este decreto atribuye esta potestad al director, mientras se investigan los hechos, con el objetivo de "evitar la persistencia de los efectos de la agresión y el posible amedrentamiento de testigos".
Así, dicen que esta normativa obliga al director, una vez conocidos los hechos, a incoar expediente disciplinario y el nombrar a un profesor instructor que, "sin perjuicio de la actuación de Fiscalía de Menores, debe averiguar los hechos y formular una propuesta de resolución".
Sobre esto, PLIS dice que "no se tiene noticia de que en el centro se haya cumplido esta obligación. Si esto fuera así, PLIS cree que sería "una dejación gravísima de responsabilidades y que inspección debería inmediatamente tramitar la destitución de la dirección del centro". Respecto a la permanencia en el centro de los presuntos agresores una semana después de sucedidos los hechos es, a según PLIS, "una irresponsabilidad" de la dirección del centro.
Desde PLIS matizan que "aunque es cierto que esta medida provisional de expulsión es una facultad del director, la gravedad del caso, la alarma social producida y la persistencia del efecto de la agresión, con los presuntos agresores en el centro, habría aconsejado su expulsión".