¿Una excusa?

Ayuso dice que el registro de objetores viola la Constitución… pero solo organiza a los médicos que hacen abortos

Los detalles El registro no pregunta por creencias ni hace públicos los datos; solo sirve para que los hospitales sepan qué médicos pueden practicar abortos y así garantizar que todas las mujeres puedan ejercer su derecho de forma segura y sin obstáculos.

Ayuso dice que el registro de objetores viola la Constitución… pero solo organiza a los médicos que hacen abortos

Isabel Díaz Ayuso lo ha vuelto a hacer. Este jueves, en apenas media hora en la Asamblea de Madrid, la presidenta ha dejado claro que no piensa cumplir conla ley que obliga a crear un registro de médicos objetores de aborto. Su mensajefue directo y contundente: "¡Váyanse a otro lado a abortar!".

El registro de objetores no es ninguna invención ni un ataque a los derechos de nadie: es una herramienta legal para garantizar que las mujeres puedan ejercer su derecho a interrumpir un embarazo. Lo regula la Ley Orgánica 2/2010, y su objetivo es clarísimo: saber cuántos médicos están disponibles para practicar abortos y bajo qué condiciones (qué método, hasta qué semana y con qué límites). No pregunta por creencias, no es público y no persigue castigar a quien se niegue a realizar abortos.

Ayuso ha defendido que crear este registro vulneraría la Constitución, citando los artículos 14, 15 y 16, que hablan de igualdad y libertad de conciencia. Pero esto no es cierto: el registro no obliga a declarar ideologías ni creencias, solo organiza la prestación de un derecho. No hay ninguna vulneración constitucional, es simplemente una cuestión de gestión sanitaria para que todas las mujeres tengan acceso real a sus derechos.

De hecho, este registro es flexible: los médicos pueden especificar qué métodos practican, hasta qué semana lo hacen y bajo qué condiciones. Es un registro 'a la carta', pensado para proteger tanto a pacientes como a profesionales.

El problema es que Ayuso, al negarse a crearlo, pone en riesgo el derecho al aborto en Madrid, obligando a muchas mujeres a buscar la atención fuera de la Comunidad. Y lo hace además desautorizando a su propia consejera de Sanidad, que había asegurado que se cumpliría la ley.

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