La unión vecinal logra aplazar el desahucio de 'Txema' de un edificio que un fondo buitre quiere convertir en 'colivings'

Una protesta de varios centenares de personas ha impedido este miércoles que la comitiva judicial pudiera desalojar a Txema Escorsa, un vecino de un bloque de la calle Sant Agustí de Gràcia, en Barcelona, de manera que la operación ha quedado pospuesta hasta el 15 de abril.

En estos momentos, en la finca de la calle calle Sant Agustí hay cuatro viviendas que ya se han convertido en 'colivings' y dos pisos más que la empresa propietaria tiene vacíos; quedan cinco pisos donde viven vecinos.

Escorsa ha agradecido a todas las personas que se han movilizado para impedir este desahucio: "Si venimos aquí es para decir que no pasarán. Esto no es un problema personal ni del sindicato, es mucha gente que entiende que la vivienda tiene que ser un derecho y no un negocio".

El Sindicat de Llogateres, que ha organizado la protesta desde primera hora de la mañana, ha informado de que han logrado frenar el desahucio y han avisado de que volverán a actuar el 15 de abril. Escorsa compareció en el juzgado el pasado enero al negarse a abandonar su casa, en la que vive desde 2015, si bien ha detallado que el fondo compró el edificio en 2023 y en febrero de 2025 convocó a los vecinos para trasladarles que no les querían alegando que no eran el perfil de vecino que buscaba, según el inquilino.

Desde primera hora de la mañana, varios centenares de personas se han concentrado frente al bloque del número 14 de la calle Sant Agustí de Gràcia, en Barcelona, para protestar por el desalojo de inquilinos. Denuncian que la empresa propietaria quiere convertir el edifico en 'colivings', pequeños apartamentos con espacios compartidos.

Una operación que ha condenado el presidente de la Generalitat, Salvador Illa. "Nos oponemos frontalmente al desahucio de los vecinos de la calle Sant Agustí del barrio de Gràcia. En ninguna ciudad de Cataluña permitiremos actuaciones abusivas en contra del derecho de los vecinos y vecinas a vivir en su barrio", ha afirmado Illa a través de las redes sociales.

Ha asegurado que el Govern actúa "contra iniciativas ilegales de la propiedad, que no cumplen la normativa" y ha aseverado que han activado "todos los mecanismos legales para proteger a los vecinos".

En este sentido, la consellera de Vivienda, Sílvia Paneque, ha explicado que la Generalitat inició inspecciones tras detectar posibles incumplimientos de la normativa, sobre todo en cuanto al límite de alquiler por habitaciones. En declaraciones al programa Aquí Catalunya de la Cadena Ser, Paneque ha recordado que, en el caso concreto del bloque de Sant Agustí, los expedientes sancionadores a los que se enfrenta el fondo propietario parten de los 90.000 euros de multa.

Ha advertido de que el Govern actuará "con la contundencia que exige la ley" para evitar prácticas especulativas y garantizar el uso residencial de las viviendas. Asimismo, ha enmarcado este caso en una actuación más amplia contra el fraude en materia de vivienda, con 22 expedientes sancionadores -con multas de hasta 900.000 euros— y 483 diligencias previas ya abiertas en Cataluña, tras el refuerzo de las inspecciones con un centenar de efectivos desde la entrada en vigor de la nueva regulación de usos temporales.

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