El portavoz de la denominada Comisión Internacional de Verificación (CIV), Ram Manikkalingam, ha insistido en su convencimiento del compromiso de ETA en el proceso de dejar fuera de uso todo su armamento y ha afirmado que ahora corresponde a partidos y ciudadanos "definir cómo" debe realizarse y comprobarse ese proceso.
En un comunicado, Manikkalingam ha lamentado la polémica en torno al primer paso dado por ETA para inutilizar su armamento y ha censurado que "en ningún lugar del mundo" ha ocurrido que, cuando una organización terrorista inicia unilateralmente un proceso de ese tipo, no contara con el respaldo de las instituciones.
Los denominados "verificadores" han reiterado su convencimiento de que "existe una oportunidad genuina para asegurarse de que ETA pondrá todas sus armas fuera de uso de manera verificable". A su juicio, "los debates y las discusiones sobre cómo se llevó a cabo la primera puesta fuera de uso y sobre la cantidad de armas y material inutilizados olvidan el objetivo de fondo".
"Por primera vez en 50 años, ETA se ha comprometido a poner sus armas fuera de uso de manera verificable", ha señalado, y este es un primer paso en un proceso unilateral de poner fuera de uso operativo a la totalidad de sus armas, municiones y explosivos, ha sentenciado Manikkalingam.
Según ha indicado, "como han demostrado los acontecimientos de esta semana, entre ellos la citación a miembros de la comisión a declarar ante el juez, es extremadamente difícil, si no imposible, ayudar para asegurar que ETA lleve a cabo la intención que nos expresó". Por ello, ha añadido Manikkalingam, "a los gobiernos, líderes políticos y ciudadanos les corresponde decidir si se deben definir maneras en que se pueda asegurar que ETA continúa de forma unilateral un proceso irreversible de poner fuera de uso operativo la totalidad de sus armas, municiones y explosivos de manera verificable".
Según ha reprochado Ram Manikkalingam, "no existe precedente alguno, ni otro ejemplo, en ningún lugar del mundo, en que un movimiento armado como ETA, con un historial de 50 años a sus espaldas, se haya ofrecido a emprender un proceso de poner sus armas, municiones y explosivos fuera de uso y eso no recibe el aval positivo de las instituciones formales".