La razón que llevaría a Ábalos al camino de las acusaciones de Aldama para reducir la pena y evitar la prisión provisional

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido este miércoles 24 años de cárcel para José Luis Ábalos por la trama de las mascarillas. El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, también reclama en su escrito, al que ha tenido acceso laSexta, el endurecimiento de las medidas cautelares impuestas al exministro.

Cada vez se acerca más el juicio y la elevada pena que podría enfrentar el diputado podría hacer que se replantee su estrategia de defensa y opte por colaborar con la justicia, como ya ha hecho Víctor de Aldama. Pero, ¿por qué la Fiscalía plantea condenas tan altas y qué se puede esperar de este caso en el futuro?

Por un lado, el Ministerio Público pide 24 años de cárcel para Ábalos: siete por el delito de organización criminal, seis por cohecho, dos por información privilegiada, cuatro por tráfico de influencias y otros cinco por malversación.

Anticorrupción cree que, dada la gravedad de las penas, vuelve a haber riesgo de fuga. Por esa razón también ha pedido a la sala del Supremo que va a enjuiciar a Ábalos que declare ya una vistilla.

Al exministro ya se le retiró el pasaporte y tiene la obligación de comparecer cada 15 días en sede judicial. No obstante, la Fiscalía plantea ahora endurecer esas medidas: imponer una fianza o que directamente vaya a prisión.

Koldo

Koldo García, exasesor de Ábalos, se encuentra en una posición muy similar a la del exministro, ya que el Ministerio Público también solicita 19 años y medio de cárcel.

En su caso son seis años por el delito de organización criminal, cinco por cohecho, un año y medio por información privilegiada, otros tres por delitos de tráfico de influencias y cuatro más por malversación. Además, se ha solicitado una multa que rondaría los 3,9 millones de euros.

Lo normal es que, al igual que ha hecho con Ábalos, la Fiscalía pida también medidas cautelares más restrictivas: fianza o prisión profesional.

Aldama, el más beneficiado

Para Víctor de Aldama, considerado el comisionista de la trama, Anticorrupción reclama siete años de prisión (cuatro por organización criminal y tres por cohecho activo) más una multa de 3,7 millones de euros.

La diferencia de penas se debe a que Aldama ha colaborado con la investigación. Ha reconocido delitos, se ha incriminado en esos indicios y ha aportado documentación como los contratos de Ábalos. La Fiscalía cree en su palabra y, por lo tanto, la colaboración tendría como recompensa menos pena de prisión.

¿Ábalos confesará?

Ante este panorama, que no parece nada esperanzador para Ábalos y Koldo, cabría preguntarse si el exministro cambiará su estrategia de defensa y empezará a colaborar con la Fiscalía.

Esta sería una opción inteligente y es lo que cualquier penalista le recomendaría. Tanto es así, que lo intentó su antiguo abogado, José Aníbal Álvarez, para la declaración de Ábalos ante el Tribunal Supremo el pasado junio.

Finalmente, el exministro se acogió a su derecho a no declarar. Lo sorprendente es que el día anterior a la vista, recibió la visita de Koldo en el despacho de su abogado, aunque no se sabe con certeza de qué hablaron o si influyó en su decisión final.

Pese a todo, no parece que por el momento Ábalos contemple esta opción. Este mismo miércoles, ha reiterado que va a seguir defendiendo su inocencia.

En una publicación en X, el exministro ha criticado el escrito del fiscal Luzón y ha afirmado que "supone una vuelta de tuerca más en la espiral de indefensión a la que vengo siendo sometido durante toda la instrucción" y que es una "estrategia premeditada de presión" para "forzar una conformidad ante la falta de evidencias reales que sustentan la calificación".

"Pese a la dureza de la situación, seguiré defendiendo mi inocencia y confiando en la justicia de nuestro país", ha indicado, al mismo tiempo que ha afeado que se hayan rechazado "todas y cada una de las pruebas solicitadas" y que se le haya "impedido acceder al material de la causa".

La petición de cárcel de la Fiscalía se enmarca en la causa de las mascarillas. Engloba presuntos delitos en la compra de mascarillas, la contratación de Jessica en las empresas Ineco y Tragsa, el alquiler del piso en la plaza de España de Madrid a la amiga de Ábalos o la contratación de Claudia Montes en Logirail, entre otros.

Esta pieza, próxima al enjuiciamiento, no incluye otra causa por la que Ábalos está investigado en la trama del 2% relacionada con la adjudicación de obras públicas y de la que el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, sería el cabecilla.

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