Radiografía del caso Montoro: un correo electrónico como detonante, empresas en busca de leyes beneficiosas y la consultoría de un ministro

Ministro de Hacienda de José María Aznar y Mariano Rajoy. Conocido como el impulsor de la 'lista de morosos', Cristóbal Montoro vuelve ahora a los titulares tras conocerse su imputación por las presuntas influencias que habría ejercido desde el Consejo de Ministros a favor de empresas gasísticas. Unas sociedades que pagaban por esas ventajas a un despacho de economistas vinculado al 'popular'. Eso sí, no es el único imputado. Esta es la radiografía de laSexta en base al auto al que este miércoles tuvo acceso.

Un correo electrónico, el detonante del caso

Unos siete años ha estado este asunto bajo secreto de sumario, el cual se inició "como consecuencia del hallazgo casual de un correo electrónico" en el marco de otra causa que investigaba a la empresa Messer Ibérica de Gases S.A. por carecer de licencias, así como por presunta prevaricación. Los Mossos d'Esquadra acudieron a la sede de la sociedad donde se incautaron de archivos y dispositivos digitales.

Es a través del análisis de este material que los investigadores encuentran correos electrónicos en los que se hablaba de la contratación de una consultora que fracasó en su intento de hacer lobby con el Gobierno del Partido Popular (PP). De esta manera, sin las ayudas que les beneficiarían, los empresarios apuntaban a que había que recurrir a Equipo Económico (EE).

Unas conversaciones en las que según el juez de la presente causa "se ponía de manifiesto la existencia de posibles pagos a la mercantil Equipo Económico a fin de obtener modificaciones legislativas favorables para las empresas gasísticas englobadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM). Es agosto de 2018 cuando se incoan diligencias y octubre cuando se pasa el asunto a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y Criminalidad Organizada.

AFGIM y EE, los actores de una "red de influencias"

Una vez conocido el detonante, es necesario conocer los actores principales. Por un lado, está la AFGIM que engloba a las empresas Air Liquide, Abello, Praxais, Carburos Metálicos, así como la ya mencionada Messer. Unas sociedades que según el juez "contrataron a EE a fin de que hiciese uso de su red de influencias con el fin de que se llevasen a cabo reformar legislativas en consonancia con sus pretensiones".

Por el otro lado, está Equipo Económico. Una sociedad fundada con el nombre Montoro y Asociados en 2006 por Cristóbal Montoro, una vez había terminado su primera etapa al frente de la cartera de Hacienda con José María Aznar. Sus labores eran las de ofrecer consultoría fiscal, económica y legal a grandes empresas, incluidas algunas del IBEX 35. Dos años después, Montoro regresa a la política, para en 2011 recuperar el Ministerio de Hacienda. Es entonces cuando se desvincula de la consultoría, en la que siguieron tanto su hermano como varios de los antiguos socios.

Ahora con el nombre de Global Afteli, Equipo Económico recibía "importantes pagos" por intervenir de "forma decisiva en reformas legislativas" para que se desarrollasen "conforme a los intereses de sus clientes". Según las investigaciones, se trataría de un montante de casi 800.000 euros (779.705) entre 2011 y 2019.

El juez considera que algunos de los intervinientes "habrían desempeñado altos cargos en el Gobierno y la Administración Central, desde donde habrían ido creando una red de influencias cuyo fin último sería la obtención de un lucro económico". Por ello, en el auto también se habla de un "presunto abuso del ejercicio de la función pública".

Pagaban y redactaban

Tras años de pesquisas se revela que "la AFGIM y las empresas que lo conforman, tratan de conseguir que se legisle en base a sus intereses, acudiendo a diferentes consultoras", lo cual no les ofrece "resultados satisfactorios" ante "la negativa de la Administración para introducir las reformas pretendidas".

Entonces, es cuando la opción es acudir a EE. Una consultoría que en "poco tiempo, y sin causa aparente" logra que "las reformas legislativas se desarrollen ateniendo a las peticiones de la AFGIM". De hecho, la misma asociación "llega a redactar los textos legales". Sin olvidar que todo esto se realizaba "mediante el pago de importantes desembolsos" a la consultoría del ya exministro, y ahora imputado.

Una consultora tapadera y un cambio de criterio exprés

Al menos, "hasta en dos ocasiones las gasísticas englobadas en la AFGIM contrataron a EE a fin de que hiciese uso de su red de influencias". En la primera, en 2013, las gasistas acuden al despacho de Montoro para obtener la "una modificación legislativa" que les supondría "una rebaja en el Impuesto Especial sobre la Electricidad". Una misión que fracasó pese a los esfuerzos de Federación Empresarial de la Industria Química Española (FEIQUE) y Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energia (AEGE) tanto vía enmienda como en carta a la Secretaría de Estado.

Entonces se decide cambiar de estrategia y contratar a EE, "a sabiendas, como así se dice en uno de los correos intervenidos, que se trata de un gabinete económico" que cuenta con "acceso al Ministerio de Hacienda para conseguir esta reducción impositiva", así como "contacto directo con el ministro de Hacienda". De forma paralela, no obstante, también se contrata a la consultora Emesté Young (EY).

Así, esta última haría "el trabajo efectivo con el que ocultar presuntamente la falta de consistencia del informe elaborado por EE". En ese sentido, el juez resalta que "a pesar de la diferencia entre los informes elaborados por EY y EE es abrumadora la diferencia de facturación entre ambas". Así, "en un escaso período de tiempo y mediando precio", el despacho de Montoro "logra para las empresas la reforma legislativa que pretendían".

Más allá de que se observa "intencionalidad para aprobar una modificación ad hoc, es decir, que beneficiase exclusivamente a las gasísticas y dejase fuera a otros sectores"; de que "correspondió a la AFGIM la redacción del texto propuesto (...) dando lugar a una situación que podría calificarse como de sustitución o externalización indebida en el ejercicio de potestades normativas"; el juez subraya el hecho de que "el único elemento diferenciador que propició tan notable cambio de Criterio, en tan corto periodo de tiempo, fue la entrada en escena de EE".

Literalidad en la misma ley

La segunda ocasión presenta un modus operandi muy similar, aunque en este caso el objetivo era de el lograr una rebaja fiscal para las gasísticas en el IAE que se perseguían las empresas del sector desde finales de la primera década del 2000. Para ello, habían recurrido a la justicia ordinaria, así como a la Dirección General de Tributos, pese a las reiteradas negativas judiciales en distintas instancias. En este último caso, también se rechazó las intenciones de AEGIM.

"Todo ello resultó en vano", recuerda el escrito, para a renglón seguido subrayar que "solo con la intervención de EE, mediando pago, culminaron con éxito las reclamaciones de las gasísticas". En este caso, es en febrero de 2017 cuando entra en escena EE, aunque también es necesario "contratar una tercera instancia", es decir, otra tapadera, la cual para realizaría un "informe que representase la realidad del negocio".

De esta manera, igual que la anterior vez, esta contratación apunta "a que el pago realizado a EE no obedecería a una prestación real, sino que encubriría una comisión para el ejercicio de su influencia y así lograr la reforma legislativa a su favor". De nuevo, fue "la propia AFGIM, la que redactó (...) la propuesta de redacción de los epígrafes en discordia". Un texto que, incluso, "se corresponde exactamente con el que acabarla recogiendo la Ley 6/2018 de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018".

Vuelve el 'lo niego todo'

Ahora Equipo Económico ha emitido un comunicado en el que niega "haber pertenecido a ninguna organización o trama encaminada a obtener modificaciones legislativas favorables", así como que desde comienzos de 2008 Montoro está "completamente desvinculado de la firma". Además, no dudan en denunciar la indefensión" debido a los siete años que ha estado el procedimiento bajo secreto de actuaciones.

Una negativa que ya Montoro negaba en 2015 cuando se le cuestionaba sobre las presuntas incompatibilidades entre la creación de su despacho y su puesto como ministro. "Junto a otra serie de personas, todas ellas muy cualificadas, fundamos una consultora en 2006. A partir de 2008, cuando regresé a la política, al Congreso de los Diputados, dejé esa empresa", aseguró.

"Siempre he entendido que mi dedicación debía ser completa. Y completa significa dedicado completamente a ello. A partir de ahí, entendí que no se debía ocupar un escaño compatibilizándolo con nada. Con nada es con nada", decía un Montoro contundente en defensa de su ética y moralidad.

Quién es quién

Por estos hechos que ahora niegan, no obstante, no solo está imputado Montoro sino que 28 personas, de las que una decena de ellas formaban parte de la cúpula del Ministerio de Hacienda durante la etapa de Mariano Rajoy en Moncloa. Entre ellos, hay asesores pero también secretarios de Estado como Miguel Ferré Navarrete o subsecretarios como Pilar Platero Sanz y Felipe Martínez Rico.

También aparecen directores generales de Tributos como Diego Martín-Abril Calvo o José Alberto García Valera, o subdirectores de este departamento como Óscar del Amo Galán. Asimismo, también está imputado Santiago Menéndez Menéndez, quien fuera director general AEAT, es decir, la Agencia Tributaria. A ellos se suman numerosos miembros del despacho fundado por el exministro.

Más afectados

Horas después de que se conociera la noticia y después de que Montoro se haya dado de baja en el PP, laSexta ha podido confirmar que según los correos electrónicos que obran en la causa, el exministro y su gente no solo beneficiaban a determinadas empresas sino que también perjudicaban a particulares.

Entre ellos estarían la 'popular' Esperanza Aguirre, el banquero Rodrigo Rato, el periodista de 'ABC Javier Chicote o el dirigente de Podemos Juan Carlos Monedero, quien precisamente hace unos meses pidió personarse en la causa. Ahora bien, desde la Fiscalía Anticorrupción explican que, a día de hoy, esos hechos no tienen relevancia penal.