Fraude a Hacienda
La Fiscalía pide tres años y nueve meses de cárcel para el novio de Ayuso por dos delitos de fraude fiscal
El contexto El Ministerio Público pide aplicar sobre González Amador la atenuante de reparación del daño porque ya consignó el dinero supuestamente defraudado.

Resumen IA supervisado
La Fiscalía ha solicitado tres años y nueve meses de prisión para Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, por presunto fraude fiscal y falsedad documental, relacionados con un fraude de 350.910 euros en el impuesto de sociedades de 2020 y 2021. La investigación comenzó tras una inspección de Hacienda en 2022. Además, González Amador enfrenta una investigación separada por administración desleal y corrupción, vinculada a la presunta compra de una sociedad sin valor. El PP insiste en desvincular a Ayuso de estos problemas legales, mientras que la oposición critica su posible implicación indirecta. Ayuso ha mantenido silencio al respecto.
* Resumen supervisado por periodistas.
La Fiscalía ha pedido tres años y nueve meses de cárcel para la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, por dos delitos de fraude fiscal y falsedad documental. Fuentes fiscales a laSexta han confirmado que el escrito se ha presentado este miércoles a las dos de la tarde.
El Ministerio Público plantea una doble pena por sendos delitos de fraude fiscal que alcanzan los 350.910 euros. Por un lado, solicita un año y nueve meses por el presunto fraude de 155.000 en el impuesto de sociedades en el ejercicio 2020. Por otro, la Fiscalía pide dos años y un día por el ejercicio 2021, año en el que la cifra llegó a 195.951 euros de acuerdo con Hacienda.
El pasado 29 de mayo, la jueza que investiga a González Amador le procesó en la causa en la que le investiga por presunto fraude fiscal y falsificación de documentos. La titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, Inmaculada Iglesias, transformó las diligencias previas en procedimiento abreviado, en el marco de la pieza en la que investiga a González Amador y a otras cuatro personas por un presunto fraude fiscal de 350.910 euros y falsedad documental.
El procedimiento comenzó tras una inspección de Hacienda llevada a cabo en 2022 y que culminó con un informe -en 2023- que alertaba de irregularidades relacionadas con el Impuesto Sobre Sociedades de Alberto González Amador correspondiente a los ejercicios del año 2020 y 2021.
Este informe dio pie a que la Fiscalía denunciara a González Amador y a que la jueza abriera causa contra él y otros cuatro empresarios por presunto fraude fiscal entre 2020 y 2021 y un supuesto entramado de facturas falsas. En esta causa han declarado, además de las inspectoras de Hacienda que elaboraron el informe inicial, Javier Gómez Fidalgo, que fue el abogado fiscalista que asesoró a González Amador una vez que Hacienda le abrió la inspección.
Antes de abrirse este procedimiento, en el que están personados como acusación la Fiscalía, el PSOE y Más Madrid, otro de los abogados de González Amador, Carlos Neira, propuso por correo un pacto al fiscal por el que reconocía en su nombre dos delitos fiscales para conseguir una rebaja en su petición de pena y evitar ir a juicio. La filtración de ese correo desembocó en una investigación en el Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, causa por la que está procesado.
Una investigación paralela en proceso
Alberto González Amador tiene abierta también una pieza separada en la que se investigan los delitos de administración desleal y corrupción en los negocios. Sin ir más lejos, el pasado 12 de julio la Fiscalía abrió una nueva línea de investigación que cercaba, aún más, a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Se inició un nuevo camino dentro del caso que relaciona a Alberto González Amador y al centro Quirón Prevención. Y es que, el Ministerio Público puso sobre la mesa la presunta compra por parte del novio de Ayuso de una sociedad. Hasta aquí todo normal, si no fuera porque se apunta a que pagó medio millón de euros por una sociedad sin valor alguno, y porque la adquisición fue a la mujer del presidente de Quirón Prevención y a cambio de aumentar la facturación con más contratos.
¿Cuestión ajena a la presidenta Ayuso?
Desde el PP insisten en que esos problemas con la justicia de la pareja de Isabel Díaz Ayuso son ajenos a la presidenta de la Comunidad de Madrid. "La esfera privada de una persona que no está en la vida pública y de unas actuaciones que fueron mucho antes de ser la pareja", subrayaba el vicesecretatio de Hacienda 'popular', Juan Bravo.
Por su parte, Ayuso ha preferido guardar silencio, aunque su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, no dudó tomar partido en el asunto una vez más apenas conocida la noticia. A sus ojos, según escribió en una publicación en su perfil de X, es una cuestión que sale de Pedro Sánchez del que dice "va a la desesperada": "El fiscal pide seis años de cárcel a González Amador, pero el que terminará en la cárcel es el fiscal general del Estado, Y ella, la de las saunas. Van tós pà'lante, se pongan como se pongan", completaba
Por su parte, desde el PSOE de Madrid, su líder Óscar López, ha destacado que "está utilizando, claro que sí, los recursos de la Comunidad de Madrid para proteger y amparar una vez más" a los suyos. También desde la oposición, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha cargado contra Sol, aunque han ido más allá al situar a la pareja de Ayuso al borde de la cárcel: "Hoy no es un buen día en Villa Quirón. Está cada vez más lejos del ático y cada vez más cerca de Soto del Real", ha asegurado.