Los peritos de la UCO intentan desacreditar a los periodistas que tuvieron el correo filtrado antes que el fiscal general

En la penúltima sesión del juicio al fiscal general del Estado han declarado los agentes de la UCO de la Guardia Civil que elaboraron los informes que le señalaban como responsable de la filtración del correo con la confesión del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. Ante el Tribunal Supremo, los investigadores han intentado rebatir la palabra de los periodistas que han declarado, también ante el Alto Tribunal, que tuvieron el correo filtrado antes que el propio Álvaro García Ortiz.

El teniente coronel Antonio Balas, sin embargo, ha negado que informadores como el periodista de la 'Cadena SER' Miguel Ángel Campos pudieran tener el contenido del correo horas antes que el fiscal general, esgrimiendo que, cuando dio la noticia en directo en la radio, dijo una "fecha errónea". "Ahí todavía no se ha producido la filtración", ha argumentado. Balas ha pretendido desacreditar así a aquellos que accedieron antes esa información, incluida laSexta.

Al ser preguntado por la Fiscalía sobre por qué la UCO no incluyó en su informe la noticia que publicó esta cadena a las 22:10 horas del 13 de marzo de 2024, en la que ya adelantábamos que González Amador había intentado alcanzar un acuerdo, el jefe de la UCO ha justificando esa omisión señalando que aquella información no incluía un entrecomillado textual del correo de la discordia -el ya famoso "ciertamente se han cometido dos delitos"- en el que, a su juicio, es "donde se produce esa filtración".

Se apoya en la jerarquía para señalar al fiscal general

Una declaración cargada de deducciones por parte de Balas, que ha apuntado a la jerarquía de la Fiscalía para atribuir la filtración a García Ortiz. "Durante todo el proceso lo que se ve es un dominio a todos los niveles del fiscal general del Estado. El fiscal general del Estado tiene una serie de colaboradores, pero lo que se ve aquí es el dominio y la jerarquía, no solamente dentro de la Fiscalía General del Estado, sino en los diferentes niveles, a nivel autonómico y a nivel provincial", ha esgrimido.

"Claro, somos un cuerpo jerarquizado", le ha respondido el fiscal, Francisco Javier Montero. "Lo que haga esa Fiscalía General del Estado no lo va a hacer sin el conocimiento o el dominio, o lo que usted quiera entender, como cuerpo jerarquizado... ", ha añadido el jefe de la UCO, ante lo que el representante del Ministerio Público le ha cortado: "Eso es una deducción suya, enteramente libre".

En esta misma línea, el perito de la UCO ha defendido, para justificar sus conclusiones, que "todo lo que se ha filtrado, de manera textual, anteriormente estaba en poder de la Fiscalía General del Estado". "Todo lo que se ha filtrado estaba en poder de la Fiscalía General del Estado y de 600 personas más", ha sentenciado en respuesta la abogada del Estado Consuelo Castro, que posteriormente ha vuelto a cuestionar ese razonamiento: "¿Como el fiscal general del Estado es el jefe, él tiene que ser el filtrador?".

En ambas ocasiones, el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, la ha reprendido.

La UCO insiste en el borrado

Por otra parte, los agentes de la UCO también han confirmado que no pudieron acceder al contenido del teléfono de García Ortiz. "Al teléfono del señor fiscal no pudimos acceder, puesto que estaba borrado", ha indicado uno de ellos. Un borrado que los agentes sitúan el 16 de octubre 2024, el mismo día en que se abrió la causa en el Supremo. Según han trasladado los agentes, además, el fiscal general cambió de móvil una semana después, el día 23 de octubre.

Posteriormente, sin embargo, los peritos de la defensa han arrojado dudas al respecto, aseverando que "es totalmente imposible determinar qué mensajes se han borrado, cuántos mensajes se han borrado y la fecha de los mensajes que supuestamente se han borrado". "Es más, los mensajes que se dicen borrados el día 16 de octubre, pudieran haber estado borrados previamente a dicha fecha", ha incidido uno de ellos.

El registro al despacho, en el foco

Sobre la mesa también ha estado el controvertido registro en el despacho del fiscal general, llevado a cabo el 30 de octubre del año pasado. Los agentes de la UCO han reconocido que los dispositivos intervenidos se copiaron íntegros, sin respetar el límite temporal marcado por el juez instructor, Ángel Hurtado. Un extremo que los investigadores han justificado esgrimiendo que técnicamente no es posible hacer volcados selectivos de los dispositivos.

Defensa y Fiscalía han insistido mucho sobre este punto, una circunstancia a la que podría agarrarse García Ortiz en caso de ser condenado. Tras la comparecencia de esta docena de agentes de la UCO, en la tarde de este miércoles está previsto que declare el propio investigado. Ahora sí, turno de palabra para Álvaro García Ortiz.

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