La Fiscalía aprieta a la UCO, que apunta a la jerarquía para atribuir la filtración a García Ortiz: "Eso es una deducción suya"

Los peritos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han explicado ante el Tribunal Supremo que no pudieron acceder al teléfono del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, porque el terminal "estaba borrado". Es el testimonio de uno de los peritos que ha comparecido y que ha explicado que el 23 de octubre el fiscal cambia de terminal, una semana después de que se abriera la causa contra él en el Supremo.

Por la noche de ese mismo día, no obstante, el fiscal volvió a meter la tarjeta en el móvil que tenía anteriormente. Al día siguiente volvió a meterla en el terminal nuevo, según el relato de este agente. Creen que esto se debe a que "formateó" el móvil nuevo y, al no poder usarlo, volvió al móvil anterior.

El mensaje más antiguo en el móvil del fiscal era del 16 de octubre de 2024 a las 15:04, a lo que los peritos añaden: "Se observa en el terminal una acción previa, a las 15:01 y 15:03, compatibles con el borrado de información. El hecho de que no haya información anterior más ese dato de la acción, se puede determinar que ha existido un borrado". Es por eso por lo que los agentes no pudieron "recuperar los mensajes que habrían sido de interés" para la investigación, algo que arrojó tanto la comisión rogatoria librada a Google y la posterior comisión rogatoria a Meta, propietaria de WhatsApp.

Los peritos de la UCO han desgranado las comunicaciones de la fiscal provincial, Pilar Rodríguez, con el fiscal Julián Salto, con Diego Villafañe, y con el propio fiscal general del Estado. Según los peritos, "el correo que finalmente termina filtrándose está en poder del fiscal general del Estado desde las 21:59". "Para pedir unos correos uno tiene que tener conocimiento de que están esos correos y más o menos el contenido que dicen. Seguramente mucho antes o minutos antes, no lo podemos determinar, se debe conocer que los correos existen para solicitarlos", esgrime el agente.

Los mensajes son irrecuperables, explican los peritos de la UCO, porque "al eliminar la información y la posterior subida de esa información a una copia de seguridad, la base de datos se consolida y todos los cambios que haya habido anteriores, prácticamente desaparecen". El fiscal ha planteado a los peritos por qué la UCO no incluyó en su informe la noticia que laSexta publicó a las 22:10 del 13 de marzo sobre que la pareja de Ayuso había ofrecido un pacto a la Fiscalía. El jefe de la UCO, el teniente coronel Antonio Balas, ha explicado que en su informe solo aludieron a los artículos que reflejaban los mensajes recogidos, ya que para ellos el objeto de la investigación era el entrecomillado textual que apareció posteriormente esa misma noche en la 'Cadena SER' -"ciertamente se han cometido dos delitos"-.

Balas ha sido menos contundente en su declaración de este miércoles de lo que fue en la fase de instrucción. El jefe de la UCO apunta a la jerarquía en la Fiscalía General del Estado para atribuir la filtración a García Ortiz: "Lo que se ve es un dominio a todos los niveles del fiscal general del Estado. Tiene una serie de colaboradores, pero lo que se ve aquí es el dominio y la jerarquía".

Más adelante, Balas ha comentado que lo que haga el fiscal "no lo va a hacer sin el conocimiento o el dominio, como cuerpo jerarquizado...", una intervención que ha sido cortada por el representante del Ministerio Público, que le ha espetado: "Eso es una deducción suya, enteramente libre, no se crea que el fiscal general del Estado tiene conocimiento en la estructura piramidal...".

Una actitud "colaborativa" del fiscal

La jornada clave del juicio al fiscal general del Estado ha transcurrido con normalidad y con los agentes dejando claro que tanto García Ortiz como su personal "estuvieron colaboradores" durante los registros que llevaron a cabo en la Fiscalía General del Estado, llegando a darle el PIN de su teléfono móvil y manteniendo "una actitud colaborativa" en gestiones posteriores.

Donde sí que ha habido contradicciones ha sido a la hora de explicar si se puede hacer un volcado selectivo del material incautado al fiscal. Los dos primeros agentes de la UCO han reconocido que los dispositivos de García Ortiz se copiaron íntegros, a pesar de que el auto del juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado establecía que sólo se podían llevar el tramo entre el 8 de marzo y el 30 de octubre.

A preguntas del fiscal superior de Extremadura, Francisco Javier Montero, uno de los agentes ha sostenido que hacer un volcado selectivo es imposible porque la herramienta forense de extracción no lo permite. Sin embargo, el agente que compareció justo antes que este agente aseguró que teóricamente se podría, pero llevaría una ingente cantidad de tiempo y recursos.

Los primeros tres agentes han analizado la entrada y registro en la sede de la Fiscalía General del Estado. El primero de los investigadores señala que durante la entrada y registro en el despacho del fiscal se aprehendió material procedente del ordenador de sobremesa, de la nube -después se vio que había archivos coincidentes, detalla- y del teléfono. Después, la Fiscalía aportó un disco duro del que se había realizado un volcado de seguridad días antes, según el agente de la Guardia Civil.

A preguntas de la defensa de García Ortiz, uno de los agentes señala que solo sabían que tenían que hacer un registro por una presunta revelación de secretos y que tenían que recabar información del 8 de marzo en adelante. Sus dos superiores tomaban las decisiones, entre ellos el teniente coronel Balas. La realización del Tribunal Supremo no ha mostrado a los agentes de la UCO que han comparecido, siendo identificados únicamente por sus números identificativos y no por sus nombres.

Por su parte, el segundo agente de la UCO explica que su labor fue llevar a cabo el volcado de los dispositivos intervenidos en el registro a la Fiscalía General del Estado. El volcado, explica, tenía que ser total, porque técnicamente no es posible hacerlo de forma selectiva.

Las declaraciones del resto de agentes antes de llegar a los peritos han sido muy breves, declarando acerca del volcado del contenido de los dispositivos y de la imposibilidad técnica de hacerlo de forma selectiva. Esos nueve testigos han dado paso a los tres peritos tras un breve receso, de quienes destaca el teniente coronel Antonio Balas.

Defensa y Fiscalía cuestionaron los volcados y registros por desproporcionados

En sus preguntas, Defensa y Fiscalía han insistido sobre el procedimiento llevado a cabo en el registro y el volcado de la información requerida al fiscal general del Estado. García Ortiz ya solicitó anular el registro por desproporcionado, alegando que la información incautada podía comprometer la seguridad del Estado.

El 30 de octubre de 2024, el juez instructor, Ángel Hurtado, autorizó esa entrada y registro, pero fijó un límite temporal y otro sustantivo al material que se podían llevar los agentes, un espacio temporal que fue acotado entre el 14 de marzo y el 30 de octubre. En sus declaraciones, los agentes están confirmando que el contenido de los dispositivos se volcó íntegramente, más allá de ese lapso temporal.

Aunque en su momento la Sala de Apelaciones del Supremo avaló los registros, si las defensas lograsen que se declaren nulos, todos los informes que la UCO realizó con la información así obtenida quedarían fuera de la causa.

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