El abogado de Alberto González Amador, Carlos Neira, ofreció a la Fiscalía de Madrid un acuerdo de conformidad que englobara los dos delitos de fraude fiscal antes de que se presentara la denuncia a la pareja de Isabel Díaz Ayuso por defraudar 350.000 euros con un entramado societario y facturas falsas, según ha podido saber laSexta.

Según el artículo 305.6 del Código Penal, "los Jueces y Tribunales podrán imponer al obligado tributario o al autor del delito la pena inferior en uno o dos grados, siempre que, antes de que transcurran dos meses desde la citación judicial como imputado satisfaga la deuda tributaria y reconozca judicialmente los hechos. Lo anterior será igualmente aplicable respecto de otros partícipes en el delito distintos del obligado tributario o del autor del delito, cuando colaboren activamente para la obtención de pruebas decisivas para la identificación o captura de otros responsables, para el completo esclarecimiento de los hechos delictivos o para la averiguación del patrimonio del obligado tributario o de otros responsables del delito". Es decir, tiene que haber citación judicial como imputado para que haya acuerdo, como ha ocurrido con diferentes personajes públicos como Shakira.

Así, el fiscal del caso entendió que no podía haber acuerdo de conformidad hasta que no se llegara a la fase de juicio oral y presentó la denuncia en el que se acusa a Alberto González Amador de haber defraudado a Hacienda más de 350.000 euros entre los años 2020 y 2021. En ese momento es cuando contestó al ofrecimiento de la defensa de González Amador diciendo que podían hablar para alcanzar un acuerdo de conformidad que tendría que ser refrendado en la fase del juicio oral.

En el caso en el que llegaran a un acuerdo, esto supondría pagar la cuota defraudada, es decir, 350.000 euros, además de una multa inferior a la que solicitaría inicialmente y rebajar la pena de cárcel en dos grados.

Además, la pareja de Ayuso recibió casi dos millones de euros en comisiones por "intermediar" para la empresa FCS en la compraventa de productos sanitarios en los peores meses de la pandemia, entre mayo y agosto de 2020. Así lo ha desvelado elDiario.es, que ha accedido a la contabilidad que la empresa de González, Maxwell Cremona SL, remitió a la Agencia Tributaria, donde expuso que de los 2,33 millones de euros que facturó en 2020, 1.973.000 procedieron de este contrato.

Su papel, según la Inspección de Hacienda, era el de "mero intermediario que se limitará a poner en contacto las dos partes que vayan a formalizar la compraventa de productos". En este contrato, FCS garantizaba a Alberto González un porcentaje del 4,5% de todas las ventas que gestionase.

Ayuso defiende a su pareja

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado este miércoles directamente al presidente del Gobierno de buscar su "destrucción personal" y ha intentado reducir la investigación de Hacienda y la posterior denuncia de la Fiscalía a "un caso turbio de todos los poderes del Estado" contra su pareja, Alberto González Amador.

Después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya pedido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que exigiera la dimisión de Ayuso, la presidenta madrileña ha afirmado que busca desestabilizarla. "Hasta donde sé, mi pareja está sufriendo una inspección fiscal salvaje que afecta a 2018, 2019, 2020, 2021 y ahora pretenden que sea el 2022 para retrasar los casi 600.000 euros que Hacienda le debe", ha dicho Ayuso.