La interventora de la Complutense ratifica que Begoña Gómez podía firmar los pliegos de contratación para su cátedra: actuó "de acuerdo a las normas"

La interventora de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), María Elvira Gutiérrez Vierna, ha ratificado ante el juez Juan Carlos Peinado que Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, tenía permitido firmar los pliegos de contratación para la puesta en marcha de un software en el seno de la cátedra que codirigió.

Por su parte dos integrantes de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Complutense, citadas para que explicaran las gestiones realizadas para registrar el dominio del citado software, han dicho que la interlocutora con este departamento fue Cristina Álvarez, asesora de Gómez investigada también en la causa, precisan fuentes jurídicas.

El juez Peinado ha tomado declaración este viernes a cuatro cargos de la Complutense solicitados por la defensa de Begoña Gómez, tras descartar a dos a los que esta parte ha renunciado finalmente: la gerente de la Escuela de Gobierno de la Complutense, María José Sánchez, y la directora de esta misma área, Carmen Mitxelena.

Así han declarado la interventora de la institución académica, María Elvira Gutiérrez Vierna, dos integrantes de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) y la codirectora del Máster de Formación Permanente Sostenibilidad de la Complutense, Zulma Escalante.

Secundan la versión de Gómez

La interventora de la universidad se ha pronunciado en la misma línea que lo hizo cuando compareció hace un año en la Asamblea de Madrid, según indican varias fuentes presentes en la declaración: ha ratificado que Begoña Gómez firmó unos pliegos para la contratación de una plataforma o software relacionada con el máster que codirigía "de acuerdo con las normas".

Previamente a la interventora han declarado dos integrantes de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI), llamadas como testigos por el abogado de Begoña Gómez porque "señalaron" a la esposa de Sánchez "cómo debía registrar" el dominio del software, que según precisó esta parte "nunca fue inscrito en el Registro de Propiedad Intelectual".

Fuentes presentes en la declaración han explicado que ambas han dicho ante el juez que esa Oficina no registra dominios de ese tipo y han secundado la versión de la defensa de Gómez, mientras otras fuentes han precisado que las testigos han añadido que Begoña Gómez no llegó a cumplimentar el formulario necesario para llevar a cabo el registro.

Estas fuentes precisan que las testigos han apuntado que la asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, era la interlocutora para el tema del software con la OTRI, precisando que Álvarez no llevaba temas de agenda. Han descrito que un día una jefa les dijo que iba a ir a la oficina Begoña Gómez, "la mujer de Sánchez", y así comenzó el trámite.

Zulma Escalante, codirectora del Máster de Formación Permanente Sostenibilidad en la Universidad Complutense, ha confirmado ante el juez que registró a su nombre el dominio de su máster siendo personal ajeno, como Begoña Gómez.

Delitos investigados

El juez Juan Carlos Peinado ha avanzado así en dos de las líneas de investigación sobre Begoña Gómez, una de ellas centrada en si cometió un delito de apropiación indebida al registrar a su nombre el software desarrollado para la Cátedra de Transformación Social Competitiva que codirigió en la Complutense.

También, si Begoña Gómez incurrió en un delito de intrusismo profesional por haber firmado documentos y pliegos relacionados con el desarrollo de ese software, "para los cuales no reunía la capacitación adecuada", según indicó el magistrado en un auto dictado a principios de este mes, en el que decidió seguir adelante con la causa, que de llegar a juicio se dirimirá por el tribunal de jurado.

El juez también investiga a Begoña Gómez por los presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios y malversación, en un procedimiento en el que mantiene imputados a su asesora, Cristina Álvarez, al actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y al empresario Juan Carlos Barrabés.

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