La Fiscalía de Madrid ha pedido que se estime el recurso de Carles Puigdemont, Antoni Comín y Clara Ponsatí contra la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de excluirlos de la lista europea de JxCat, al creer que se vulnera "el derecho fundamental de sufragio pasivo" de los tres políticos huidos.
El Ministerio Público ha presentado sus argumentos en el juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de Madrid, donde el expresident y los exconsellers Comín y Ponsatí recurrieron la decisión de la JEC que les dejó fuera de la lista al Parlamento Europeo, donde ocupaban los números 1, 2 y 3.
La JEC, sin unanimidad, estimó que la lista era una "burla" a la ley al pretender concurrir a los comicios pese a estar huidos de la justicia española y alegó que los tres incumplían la normativa al no ser residentes de las localidades donde están empadronados, cuando la inscripción en el censo electoral es "un requisito indispensable" para ejercer el derecho al sufragio activo y también al pasivo.
Pero para la Fiscalía esa interpretación restringe el derecho fundamental al sufragio pasivo de los recurrentes, cuando la doctrina del Tribunal Constitucional "impone el deber de optar por la interpretación más favorable" al ejercicio de los derechos fundamentales.
El Ministerio Público se une así a los votos particulares emitidos por el presidente y otros tres miembros de la propia JEC y recuerda que la ley no contempla ningún condicionante ni restricción al sufragio pasivo que no sea la condena por sentencia firme.
Mientras tanto, frente a la sede de la Delegación del Gobierno en Barcelona, partidos y entidades independentistas han protagonizado una concentración bajo el lema "Por los derechos civiles y políticos. Basta de manipulación electoral", para protestar por la decisión de la JEC.
La concentración ha congregado bajo la lluvia a cerca de 1.500 personas, según la Guardia Urbana, con sus paraguas desplegados y algunas banderas esteladas.
Era una convocatoria unitaria impulsada, no solo por JxCat, sino también por ERC, la CUP, así como las entidades ANC y Òmnium Cultural, a la que ha acudido asimismo el cabeza de lista de En Comú Podem al Congreso el 28A, Jaume Asens.
La consellera de la Presidencia, Meritxell Budó, ha denunciado la "injusticia flagrante" que a su entender supone la decisión de la JEC, que ha definido como "un ataque a la democracia en toda regla".
El alcaldable de ERC por Barcelona, Ernest Maragall, ha aseverado que la petición de Fiscalía pone de relieve "las contradicciones" del Estado y supone "una puerta abierta de esperanza" para preservar los "derechos políticos" de los candidatos de JxCat. El diputado de la CUP Carles Riera ha criticado de forma "rotunda y contundente" el veto de la JEC porque supone "un intento de ilegalización encubierta" de la candidatura de JxCat por defender el derecho a la autodeterminación.
En la concentración se ha leído un manifiesto que condena la decisión de la JEC por "arbitraria" y "frágil" y denuncia que el Estado "usa las instituciones para vulnerar los derechos fundamentales" y "suplantar la voluntad popular".
El texto acusa al Gobierno de utilizar la JEC como un "juguete" para "desactivar a sus adversarios políticos", aunque tras la petición de la Fiscalía "el Estado todavía está a tiempo de impedir un ridículo internacional".
La movilización de Barcelona ha tenido sus réplicas en otros puntos de Cataluña, como la celebrada en Penelles (Lleida), en la que ha participado el presidente catalán, Quim Torra, que ha celebrado la posición de la Fiscalía frente a la decisión "aberrante" de la JEC.
Desde Twitter, Puigdemont ha agradecido las muestras de apoyo: "Muchas gracias emocionadas a toda la gente que se ha concentrado hoy por toda Cataluña contra la decisión de la JEC de excluirnos de la candidatura a las elecciones europeas presentada por JxCat. Continuaremos ejerciendo la libertad de expresión, guste o no a la Junta Electoral".