Las claves del histórico juicio contra el fiscal general del Estado: más de 200 periodistas acreditados y sin retransmisión en directo

Arranca el juicio contra el fiscal general del Estado. El histórico juicio contra el fiscal general del Estado. Contra Álvaro García Ortiz. Contra quien será juzgado por el Tribunal Supremo. Por una Sala de lo Penal que ha acogido procesos de trascendental importancia. Pero nunca uno como este. Nunca uno al que está previsto que acudan 50 personas de público al día y más de 200 periodistas para dar cobertura informativa a las sesiones. A diferencia del juicio del 'procés', en esta ocasión no se retransmitirá en directo.

Es a las 10:00 cuando está previsto su inicio. Previsiblemente se extenderá durante seis sesiones de mañana y tarde hasta el 13 de noviembre. Será en esas jornadas cuando comparezcan tanto Alberto González Amador, querellante y pareja de Isabel Díaz Ayuso, y también unos 40 testigos entre fiscales, responsables del Ministerio Público, políticos, agentes de la UCO, abogados y periodistas.

Lo harán en un proceso al que el fiscal general llega acusado de un presunto delito de revelación de secretos por, supuestamente, facilitar el contenido confidencial del correo electrónico que el abogado Carlos Neira envío el 2 de febrero de 2024 a la Fiscalía. En él, ofrecía que la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid reconociese dos delitos fiscales a cambio de un pacto para evitar ir a la cárcel.

González Amador pide que García Ortiz sea condenado a cuatro años de cárcel, que se le suspenda de empleo y sueldo y que se le inhabilite por el presunto delito por el cual se le acusa. Además le reclama una multa de 100.000 euros y también otros 300.000 por daños morales, por los "padecimientos" familiares y morales que dice le ha provocado la difusión de las negociaciones de su defensa.

Por su parte, la acusación particular no ha pedido responsabilidad civil subsidiaria al Estado para que responda económicamente si el fiscal general no lo hiciera en caso de ser condenado. Según dicen, su decisión se basa en que el "conjunto de los españoles no responda patrimonialmente de ninguna manera".

La defensa de García Ortiz

Pero lo primero será el proceso. Será el juicio que García Ortiz tiene en la Sala de lo Penal del Supremo. En un lugar al que acudirá con dos escoltas y en coche oficial desde la sede de la Fiscalía General al igual que hizo cuando declaró como investigado ante Ángel Hurtado, magistrado instructor. Entrará por la puerta principal, reservada a las autoridades.

Sus letrados, los abogados del Estado José Ignacio Ocio y Consuelo Castro, llegarán por su cuenta y entrarán por el acceso de la calle de Marqués de la Ensenada para encontrarse en el interior del alto tribunal con García Ortiz. Les ha elegido en base a una decisión personal al entender que no podía dar la espalda a quien por ley tiene el encargo de representar a la Administración Pública, según fuentes.

Ocio es el mismo abogado del Estado que intervino en el 'caso Nummaria', que acabó con la absolución de Ana Duato por delitos fiscales, y que defiende al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, en el caso de Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.

Además, García Ortiz ha reforzado su defensa con Consuelo Castro. Ambos se conocen de su etapa en Galicia, donde coincidieron como fiscal y abogada del Estado en el caso del Prestige. De ahí, Castro saltó en 2018 a la jefatura de la Abogacía del Estado en un cargo que ejercicio hasta 2024 y desde el que impuso acusar por sedición y no por rebelión en el juicio del 'procés'.

En la trayectoria de Castro destaca igualmente su intervención para que el Estado recuperara el control del Pazo de Meirás y de los bienes que alberga, que estaban en manos de la familia del dictador Francisco Franco.

Durante el juicio, la defensa de García Ortiz tiene previsto solicitar que el fiscal general siga las sesiones desde los estrados, sentado con toga al lado de sus abogados, incluso el día en que le toque declarar. Ya en su declaración c como investigado, el magistrado instructor permitió que declarase desde dicho lugar.

Su defensa, en esta ocasión, contará también con el respaldo de la Fiscalía. En esta causa, el Ministerio Público ha estado representado por la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde. La número dos de la Fiscalía se abstuvo expresamente de actuar como lo haría el fiscal general del Estado con respecto a esta causa para evitar cualquier conflicto de interés. Además, se han reforzado de cara al juicio con un equipo que incluye a Javier Montero, fiscal superior de Extremadura.

Además, se da la circunstancia de que, bajo su jefatura, la Fiscalía extremeña pidió el archivo de la causa contra el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, y el secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, que se encaminan ya a juicio.

El rojo de una sala histórica

La Sala de lo Penal está presidida por los estrados tallados de madera de caoba pura de Cuba. Ante ellos se sentarán los siete magistrados que juzgarán a García Ortiz. Sobre sus cabezas, una inscripción: 'Justitia'.

En los laterales, un rojo de la seda de Damasco que forra las paredes y varios candelabros y cinco ventanales. En el otro extremo de la sala, frente al tribunal, el cuadro 'Cristo crucificado' del barroco Alonso Cano.

A la derecha de los magistrados se sentarán las acusaciones. El más cercano al tribunal será el abogado de González Amador. Junto a él, y por este orden, las acusaciones populares que ejercen el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Foro Libertad y Alternativa que está unificada con Vox y Hazte Oír, Manos Limpias y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). A la izquierda de sus señorías, por su parte, estarán la Fiscalía y la Abogacía del Estado, esta última en defensa de García Ortiz. Tres escalones por debajo, se sentará el público en grandes bancos de madera oscura.

Es la misma sala que en 1997 albergó el juicio a la Mesa Nacional de Herri Batasuna, en el que se condenó a 23 personas por un delito de colaboración con la banda terrorista ETA. También se juzgó al aquel entonces juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño, que acabó condenado por un delito continuado de prevaricación judicial y expulsado de la carrera por 15 años.

En 2017, la sala condenó a Francesc Homs, dirigente del PDeCat, por un delito de desobediencia por la consulta del 9N. En 2021, se juzgó a Alberto Rodríguez, de Podemos, que perdió el acta tras ser condenado por darle un patada a un policía. En 2022, se juzgó a Eulalia Reguant, exdiputada de la CUP en el Parlament, por no contestar a Vox en el juicio del 'procés'.

Este año, consta el juicio contra José Manuel Baltar, senador del PP, por conducir a más de 200 kilómetros por hora en la A-52 en abril de 2023. En marzo tuvo lugar la vista pública por los recursos de apelación presentados por la defensa del expresident catalán Carles Puigdemont y por los exconsejeros Antoni Comín y Lluís Puig contra la decisión del juez Pablo Llena de no aplicarles la amnistía al delito de malversación por el 1 de octubre.

Sin retransmisión en directo

Y va a haber cola para entrar en la sala. Está previsto que más de 200 periodistas de 59 medios de comunicación den cobertura a un juicio que no se retransmitirá en directo. A la sala solo podrán entrar 20 redactoras y las primeras 50 personas que se acerquen y hagan fila para presenciar el juicio. El resto de informadores tendrán que quedarse en los espacios habilitados de la biblioteca y en el salón de actos del tribunal, desde donde podrán seguir todo a través de una señal interna.

Además de no haber señal en directo desde la web del Poder Judicial, los medios no podrán emitir la vista ni en tiempo real ni en diferido por orden expresa de la Sala de lo Penal.

El PP pide su dimisión

Por su parte, el PP ha vuelto a pedir al fiscal general del Estado que dimita. Ha sido Cuca Gamarra, vicesecretaria de regeneración de los 'populares', quien ha instado a García Ortiz a renunciar a su cargo antes del comienzo del proceso oral. "Es un juicio que sitúa a las instituciones democráticas ante un abismo consecuencia directa del sanchismo", ha afirmado.

"Los encargados de perseguir el delito se sientan en el banquillo de los acusados. De perseguirlo a, presuntamente, haberlo cometido. Arrastrar la toga del fiscal general del Estado al banquillo es muestra de la degeneración de nuestra Justicia", ha insistido.

Y le insta a dimitir: "Puede evitarlo aunque sea en el último minuto. No hay que olvidar que el fiscal general será juzgado por cometer presuntamente delitos vulnerando los derechos de un ciudadano en el ejercicio de su cargo con el objetivo de perseguir a un adversario político del presidente. Es de máxima gravedad. Pero puede evitarlo con su dimisión".

"Tiene que elegir, y se elige dimitiendo. No es una petición del PP, es una que le hacen desde la carrera fiscal. Que se lo piense. Tiene tiempo antes de que comience el juicio. Posiblemente no lo hará al 99%, y será el escudo de Sánchez ante todos los casos de corrupción que le acorralan. Pero que no lo olvide, sirviendo a Sánchez no se va a salvar", ha concluido Gamarra.

Un juicio histórico es el que espera. El que hay por delante. Uno en el que se juzgará al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos. En el que el querellan es Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, a quien la Fiscalía acusa en otra causa de los delitos de fraude, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal y de haber defraudado más de 350.000 euros. La expectación es máxima para un proceso nunca antes visto en la historia de España.

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