El Ministerio de Transición Ecológica propone la prohibición de la caza del lobo y, a cambio, destinar 20 millones euros para medidas de protección de las explotaciones ganaderas e indemnizaciones a los afectados. La mayoría de las comunidades autónomas apoyan la orden ministerial, entre ellas Canarias, pero las cuatro que concentran el 95% de la población lobera la han recurrido.

Contactamos con Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, una de de las más comunidades afectadas por los ataques de lobo, quien muestra su enfado con la propuesta del Ministerio: "Yo sé que es muy bonito desde las ciudades hablar de los lobos, que es un ser maravilloso, que es el origen de los perros... pero tendrían que venir a ver aquí escenas como las que yo veo habitualmente en las zonas rurales".

"No caigamos en ideas del proteccionismo de los animales a niveles que pongan en peligro el status de gente que vive de su trabajo en las zonas rurales de Cantabria", reclama Revilla, quien expresa, además su cabreo en concreto, con Canarias: "Me ha parecido muy mal que ahora Canarias, que ni le va ni le viene, ni va a tener un lobo en la vida, no entienda los problemas de Cantabria". "El lobo tiene que estar controlado porque si no, no puede haber ganaderos", defiende.