Noelia de Mingo, la doctora que mató a tres personas en la Fundación Jiménez Díaz en 2003 y que en 2021 atacó a dos empleadas de un supermercado en el municipio madrileño de El Molar, ha pedido la libertad vigilada para poder salir del centro psiquiátrico en el que se decretó su internamiento durante 33 años.
Para pedir su puesta en libertad, De Mingo argumenta que se encuentra estable y que la enfermedad mental que padece se puede tratar y controlar con medicación, como sucede actualmente, han informado a EFE fuentes jurídicas.
Se ha dirigido con este fin a la sección de la Audiencia Provincial de Madrid que la juzgó por los asesinatos de la Jiménez Díaz, y no a la sección de esa misma Audiencia que la juzgó en 2023 por dos tentativas de asesinato, y que fue la que decretó su ingreso en un centro psiquiátrico penitenciario durante 33 años, con lo que no podría abandonarlo hasta el 23 de marzo de 2061.
Según el letrado que ejerce la acusación contra Noelia de Mingo en ambos procesos, Carlos Sardinero, la acusada debería pedir la libertad vigilada en las dos secciones, y que se la concedan las dos a la vez, dados sus antecedentes. Recuerda además que intentó matar a dos personas cuando estaba bajo custodia familiar por los asesinatos de la Fundación Jiménez Díaz, lo que desembocó en este segundo internamiento.
El abogado cree por tanto que no se le debería conceder la libertad vigilada, teniendo en cuenta además que en este caso ni siquiera la solicita bajo custodia familiar, y apela también a la preocupación que su salida del centro penitenciario provoca en las familias afectadas.
La Audiencia Provincial de Madrid ordenó en 2006 que Noelia de Mingo cumpliera 25 años de reclusión (hasta 2028) en centro psiquiátrico por el asesinato en 2003 de tres personas en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, donde era doctora. Fue considerada autora de los hechos pero absuelta penalmente por una eximente completa de enajenación mental, de modo que se dictó medida de internamiento psiquiátrico.
Pero quedó en libertad en octubre de 2017 por decisión de la Audiencia Provincial de Madrid, que, de acuerdo con el juez de Vigilancia Penitenciaria y los informes médicos y forenses, sustituyó el internamiento por el tratamiento ambulatorio y la custodia familiar.
Cuando llevaba cuatro años libre, el 20 de septiembre de 2021, trató de matar a dos empleadas de un supermercado en El Molar, apuñalándolas, lo que motivó que ingresara de nuevo en el centro psiquiátrico. El pasado mes de noviembre fue juzgada por estos hechos y llegó a un acuerdo con la Fiscalía por el que -como ocurrió en 2006- fue absuelta de dos delitos de asesinato en grado de tentativa y uno de atentado a agente de la autoridad debido a una eximente completa de anomalía psíquica, y se ordenó su ingreso en un centro psiquiátrico penitenciario por 33 años.
La sentencia también le imponía una medida de liberad vigilada consistente en no acercarse a las víctimas ni comunicarse con ellas durante cinco años ni entrar en El Molar durante ese tiempo.
