Más Madrid denuncia ante la Fiscalía la gestión del hospital de Torrejón: pide que se investigue a Ribera Salud y a la Comunidad de Madrid

Los audios del CEO del Grupo Ribera en el que pedía "desandar el camino" para rebajar las listas de espera en el hospital de Torrejón siguen trayendo cola. Más Madrid ha registrado ante la Fiscalía provincial de Madrid una denuncia por la presunta comisión de cinco delitos en la gestión de este hospital, un centro de la red pública gestionado por una empresa privada (Ribera Salud).

Más Madrid pide ahora que se investigue a la Comunidad de Madrid y a Ribera Salud. En el escrito remitido a Fiscalía Más Madrid cita la grabación publicada en la que, señalan, se da la orden de buscar "la forma de incrementar el Ebitda, es decir los beneficios de la mercantil, aunque sea afectando a la calidad asistencial de la prestación sanitaria".

Y todo ello aunque, como recalca la formación política, en el contrato de cesión de la gestión destaca que el grupo Ribera Salud tiene "la obligación esencial de la concesionaria de mantener los niveles de calidad más altos que puedan exigirse a hospitales públicos de la misma categoría".

Recoge asimismo las informaciones del diario 'El País' que señalan a órdenes de atender a pacientes "cápita" -personas asignadas a este hospital- pero no hacerles cirugías, priorizar a "no cápita" rentables o suspender la atención de diálisis peritoneal "no cápita" por su coste.

Ante estas conductas, Más Madrid apunta a distintos delitos, siendo el primero de ellos contra los derechos fundamentales y libertades públicas al denegar la prestación de un servicio público, en este caso relativo a la protección de la salud. También plantean que hay un acto de discriminación de las personas en el acceso a la prestación sanitaria por su enfermedad u origen.

Según la formación regionalista, los términos de contratación de Ribera Salud y el Hospital de Torrejón y las instrucciones conocidas para "ahorrar costes y aumentar las listas de espera para proteger los beneficios revelan indicios de varios delitos, incluyendo el de discriminación en el acceso a un servicio público, lesiones, administración desleal, malversación, prevaricación administrativa y omisión de perseguir delitos".

En consecuencia, piden a la Fiscalía que tome declaración a quienes toman decisiones en el Grupo Ribera Salud y Torrejón Salud, especialmente a Pablo Gallart, y a los empleados que denunciaron las prácticas presuntamente ordenadas y fueron "despedidos de manera fulminante".

Sostiene que esta situación "no solo debe tener una respuesta política" sino que "existe base suficiente para que se investigue en los juzgados" porque si cuando el CEO de Ribera Salud "ordena aumentar las listas de espera" el Gobierno no ve "ningún incumplimiento" es porque "el Gobierno de Ayuso tiene montado un sistema corrupto y delictivo para que unos pocos hagan dinero a costa de la salud de todos".

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