Desahucios con niños: una emergencia conocida que sigue sin respuesta pública

El desahucio de las 62 familias en Manilva (Málaga) que les hemos contado esta semana en laSexta llevaba meses anunciado. No fue un imprevisto, tampoco invisible. Aun así, cuando llegó el momento, "pilló por sorpresa". No a las familias, sino a quienes tuvieron que atender la emergencia: Cruz Roja.

El caso de Laura y sus hijas, Julieta y Lucía, no es una excepción. Es el reflejo de una realidad más amplia: miles de familias en España pierden su casa cada año en un sistema que cada vez ofrece menos respuestas. "Desgraciadamente, tenemos que actuar donde no hay Estado del bienestar", admiten desde Cruz Roja.

Incluso cuando hay margen para anticiparse, la respuesta termina improvisándose, con entidades sociales cubriendo huecos que deberían estar previstos. Porque no se trata solo de intervenir, sino de cuándo y cómo: "Cuanto más planificado, menos sufrimiento para las familias", sostienen.

Y cuando hay menores, la obligación no es solo política. Es legal. La Constitución reconoce el derecho a una vivienda digna y organismos internacionales como la ONU han sido claros: no puede ejecutarse un desahucio sin alternativa habitacional adecuada, especialmente cuando entre los afectados son niños.

Sin embargo, los datos reflejan otra realidad. Cada día, entre 70 y 80 hogares son desahuciados en España. La mayoría —hasta un 80%, según UNICEF— son familias con menores. Solo el año pasado se registraron 25.540 desahucios, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

No existe, además, un registro oficial de cuántos niños y niñas se ven afectados. Las órdenes se emiten contra inmuebles o titulares, no contra unidades familiares. Un vacío estadístico que tiene consecuencias: lo que no se mide, no se ve, y lo que no se ve difícilmente se convierte en prioridad. Sin embargo, estas organizaciones, advierten a laSexta: entre 35.000 y 40.000 niños fueron desahuciados solo el año pasado.

En este contexto, todas las miradas apuntan ahora a las administraciones públicas, llamadas a dar una respuesta que, según denuncian las entidades sociales, no siempre llega a tiempo. De hecho, los organismos internacionales llevan tiempo advirtiendo a España.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU exigió en febrero prorrogar la moratoria de desahucios para familias vulnerables. Obviando esta exigencia, la derecha y ultraderecha de este país rechazó la medida y no salió adelante.

Fuentes del Ministerio, a raíz de estos reportajes del equipo del Estado del Bienestar de laSexta, subrayan que los desahucios representan "la mayor expresión de que, si la vivienda pierde su consideración de derecho y se convierte en un activo financiero rentable, provoca un sufrimiento social inmenso". En el caso de niños, niñas y adolescentes, ese impacto es aún más grave: "Están en una fase de desarrollo que condiciona plenamente sus historias de vida", recuerdan, apelando al principio del interés superior del menor recogido en los tratados internacionales suscritos por España.

Desde el departamento a cargo de Sira Rego señalan que la protección de estos menores debería ser prioritaria y cuestionan que no siempre lo sea en la práctica. Sitúan además el problema en un contexto político más amplio, marcado —según su análisis— por el bloqueo a determinadas medidas destinadas a reforzar el acceso a la vivienda y frenar la especulación, así como por la gestión autonómica de unas competencias clave como la vivienda y los servicios sociales.

El resultado, advierten, es un escenario en el que "los recursos existen", pero no siempre se traducen en prevención efectiva, dejando situaciones como la de Manilva a merced de respuestas de urgencia en lugar de soluciones planificadas.

Se trata, además, de una vulnerabilidad que no deja de crecer. El encarecimiento de la vivienda amenaza con empujar a la pobreza a otros 780.000 niños y niñas en España, elevando aún más unos niveles de pobreza infantil que ya se sitúan entre los más altos de Europa.

Los hogares con menores representan el 72% de aquellos en riesgo de pobreza que viven de alquiler. Y cuando aparecen dificultades para pagar la vivienda, el impacto vuelve a recaer sobre ellos: las familias con niños registran mayores retrasos en los pagos que el resto, especialmente en los hogares monoparentales, donde en la mayoría de los casos la responsabilidad recae sobre una mujer.

Las condiciones de vida también lo reflejan. Más de medio millón de niños y niñas en España —un 6,2%— viven en situación de carencia severa en vivienda: hacinamiento, humedades o goteras. El doble que en la población adulta.

Detrás de cada cifra hay historias como la de Laura y sus hijas. Familias que creían tener un hogar. Niños que jugaban a salvo. Vidas que, de un día para otro, quedan fuera del sistema.

Porque más allá de los números, lo que está en juego es algo más profundo: la capacidad de un país para garantizar derechos básicos. Y cuando eso falla, no es solo una crisis de vivienda. Es una grieta en el propio Estado del Bienestar.

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