Una de sus tres causas
El Supremo pide al Parlamento Europeo que suspenda la inmunidad a Alvise para que declare por el bulo sobre la PCR de Illa
¿Por qué es importante? El Supremo no puede interrogarle mientras el agitador de extrema derecha conserve su inmunidad como eurodiputado. De esta forma, inicia el trámite para pedir la autorización de la eurocámara pero le ofrece declarar de manera voluntaria: Alvise tiene cinco días para pronunciarse.

Resumen IA supervisado
Alvise, conocido agitador de extrema derecha y eurodiputado, enfrenta problemas legales tras difundir una falsa PCR de COVID-19 de Salvador Illa, exministro de Sanidad y candidato a la Generalitat. El magistrado del Tribunal Supremo, Javier Hernández, ha solicitado al Parlamento Europeo que suspenda la inmunidad parlamentaria de Alvise para interrogarlo como investigado. Alvise tiene cinco días para decidir si comparece voluntariamente. La querella del PSC, iniciada por un mensaje en Twitter con datos manipulados de Illa, ha llevado a la Fiscalía a acusarlo de falsedad documental e injurias. Además, Alvise enfrenta otras causas judiciales, incluida una condena por difamar a José Luis Ábalos. Sus compañeros de partido lo han abandonado, criticando sus métodos de "matonismo y chantaje".
* Resumen supervisado por periodistas.
Se le acumulan los problemas a Alvise, que está más cerca de tener que declarar por la difusión de una falsa PCR de Covid de Salvador Illa, cuando acababa de dejar el Ministerio de Sanidad para presentarse como candidato a presidir la Generalitat de Catalunya. El magistrado de la Sala de lo Penal Javier Hernández, instructor de la causa abierta por ese tema al agitador de extrema derecha Luis Pérez Fernández, más conocido como Alvise, ha dictado un auto en el que pide al Parlamento Europeo suspender su inmunidad parlamentaria -pues es eurodiputado- para poder interrogarle como investigado.
Así lo expresa el magistroado del Tribunal Supremo en un auto de este martes, y en el que le ofrece declarar de forma voluntaria, algo que ya había hecho anteriormente, sin éxito. En el auto, el juez acuerda que se inicien los "trámites para solicitar la correspondiente autorización al Parlamento Europeo para proceder contra el eurodiputado". No obstante, añade, el querellado está en condición, "de ejercer sus derechos defensivos y comparecer voluntariamente" a partir de lo que establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Alvise tiene cinco días para manifestar si está dispuesto a comparecer ante el instructor antes de que la Cámara Europea otorgue la autorización.
Querella del PSC
El caso arrancó tras la publicación de un mensaje en X, entonces Twitter, de Alvise, en la que adjuntaba una imagen manipulada de una supuesta prueba PCR positiva de COVID-19 en la que se incluía los datos del candidato socialista al 14F, Salvador Illa. El PSC denunció a Alvise ante la Fiscalía por daños al honor a Illa ante lo que denominaron un "total desprecio a la verdad".
laSexta ya pudo comprobar la falsedad del documento y, aunque el entonces tuitero borró el mensaje original en el que difundía el bulo ante sus más de 220.000 seguidores, posteriormente retuiteó a otros usuarios de la red social que estaban divulgándolo. La Fiscalía le atribuye ahora los delitos de falsedad documental e injurias.
Su tercera causa
A pesar de tener su momento de gloria cuando consiguió tres diputados en las elecciones europeas, la fiesta se le empezó pronto a acabar al eurodiputado, que acumula causas judiciales y que se ha quedado solo en su formación después de que le abandonaran sus dos compañeros de filas. Nora Junco y Diego Solier, que ya anunciaron su desvinculación de 'Se Acabó la Fiesta', reafirmaron este martes su ruptura y cargaron con dureza contra el que fue su líder por sus "métodos" de "matonismo y chantaje".
También este martes se conoció un nuevo varapalo judicial para el sevillano, después de que un juzgado de Madrid lo haya condenado a indemnizar con 20.000 euros al exministro de Transportes, José Luis Ábalos. Todo por atentar contra su derecho al honor y a su propia imagen, así como por los daños morales causados al socialista, por la publicación de un tuit en el que le señalaba como un mafioso.
Y es una más en una semana terrible para el agitador. Este lunes conocíamos que el Tribunal Supremo abrió una nueva causa penal contra él a raíz de unos mensajes enviados en Telegram que habrían incitado a sus seguidores a acosar a la fiscal de delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert. Además, tiene pendiente ser juzgado por la presunta recepción de 100.000 euros de la empresa CryptoSpain para financiar su formación política en las europeas.