crisis en Ceuta
¿Quién sabía qué sobre la entrada masiva a Ceuta y desde cuándo? Todas las dudas aún sin despejar por el Gobierno tras la desclasificación de los informes
Los detalles El Gobierno quiso demostrar que nadie avisó ni pudo prever un asalto de tales dimensiones el pasado 30 de julio y, con ese objetivo, desclasificaron 40 documentos, pero tampoco ha servido para aclarar todas las dudas que siguen existiendo desde aquel mismo día.
Resumen IA supervisado
El Partido Nacionalista Vasco (PNV) y otros partidos políticos han expresado dudas sobre la relación entre el Gobierno español y Marruecos, insinuando un posible chantaje relacionado con la crisis migratoria en Ceuta. A pesar de la desclasificación de 40 documentos por parte del Gobierno para demostrar que no se pudo prever el asalto masivo del 30 de julio, siguen existiendo dudas sobre la coordinación y la transmisión de información entre el CNI, la Guardia Civil, Defensa y el Gobierno. La Audiencia Nacional investiga la responsabilidad del Gobierno, mientras que las cifras de llegadas y retornos de migrantes no coinciden, y el proceso de devolución es largo y complejo. Gonzalo Sanz, jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta, dimitió tras informar sobre la situación, pero persisten las incógnitas sobre la gestión de la crisis.
* Resumen supervisado por periodistas.
Hasta desde el PNV apuntan ya a que Marruecos podría estar chantajeando al Gobierno. Aitor Esteban así lo dijo el domingo porque no entiende la actitud del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con Rabat sobre la crisis en Ceuta. Y conspiracionistas políticos ya hay unos cuantos.
Joan Baldoví, de Compromís, ha insinuado que "había algo que no se nos contaba". Irene Montero ha dicho este lunes que "parece evidente que algo hay". Son teorías hasta hace poco de la ultraderecha, aunque el PP ya se había sumado con un Miguel Tellado diciendo que la CIA había avisado y una Ester Muñoz afirmando que "algo tendría que ver la postura de Sánchez con la información que se llevaron de su móvil infectado”.
Todos contra el Gobierno porque sigue habiendo dudas, demasiadas. Estas continúan, incluso, cinco días después del desastre comunicativo de la desclasificación de los documentos sobre la crisis migratoria en Ceuta.
El Gobierno quiso demostrar que nadie pudo prever un asalto de tales dimensiones el pasado 30 de julio y, con ese objetivo, desclasificaron 40 documentos, pero tampoco ha servido para aclarar todas las dudas que siguen existiendo desde aquel mismo día.
La gran incógnita, la que ha llevado a la Audiencia Nacional a investigar la posible responsabilidad del Gobierno en lo que sucedió, es: ¿quién sabía qué y desde cuándo? Porque ya se sabe que las comunicaciones existieron, entre el CNI, la Guardia Civil, Defensa y el Gobierno. Pero, ¿llegó la información a Sánchez, Marlaska o Margarita Robles? De no ser así, ¿hubo fallos de coordinación? ¿Qué alcance tenía esa información? ¿Era lo suficientemente grave como para tomar medidas que no se adoptaron?
Las consecuencias políticas no han servido para aclarar, como dijo al dimitir el ya exjefe de gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta, si este puso en conocimiento de Miguel Ángel Pérez Triano la información que le trasladó el CNI. El delegado lo niega. ¿Quién miente?
Esos informes tampoco permiten confirmar la participación directa de Marruecos en aquellas entradas masivas. La investigación habla de un "guiado activo" de personas por parte de los agentes marroquíes hacia los puntos de entrada, el CNI avisó de la "pasividad" que se vio por parte de sus fuerzas de seguridad. Pese a esto, se sigue sin saber si seguían órdenes de arriba, si fue realmente una forma de presionar políticamente a España.
Y siguen sin concordar las cifras: entre llegadas y retornos y entre los Gobiernos de Ceuta y de España. ¿Cuántos llegaron exactamente? ¿Cuántos quedan? Las últimas cifras del Gobierno hablan de 5.000 retornos voluntarios en el último mes, los mismos que a finales de agosto quedaban en teoría en Ceuta.
La cifra de fallecidos, según la investigación, casi duplica la del Gobierno. Y según la 'Cadena SER', hay casi 2.000 expedientes abiertos pero ninguno resuelto. Mientras, el Gobierno tampoco quiere aclarar cuántos expedientes de devolución han abierto ya.
El motivo de que no se hayan ejecutado esos expedientes es que hay que cumplir la ley y el proceso es largo y complejo: hay que examinar caso a caso. Lo primero es identificar a los migrantes: edad, circunstancias y antecedentes si los tienen.
Todos los migrantes tienen derecho a asistencia jurídica gratuita y a un intérprete, así como a presentar alegaciones si lo consideran. Las condiciones varían mucho si son menores o adultos, si piden asilo o si se declaran apátridas o víctimas de trata, por ejemplo.
Mientras, la portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, describió la situación como de excepcionalidad no "extraordinaria", y este lunes se ha retractado y ha reconocido que nunca respondió a los avisos del diputado socialista Melchor León. Ni siquiera el relato ayuda a disipar las dudas.