De cara al juicio
El novio de Ayuso acusa al fiscal general de "destruir su reputación" y se opone a que le rebajen la fianza
El contexto El juez Hurtado impuso inicialmente una fianza de 150.000 euros a Álvaro García Ortiz, que luego redujo a 75.000. El fiscal general, no obstante, volvió a recurrir esa cantidad.

Resumen IA supervisado
La defensa de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, se opone al recurso del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, contra su fianza de 75.000 euros. García Ortiz será juzgado el 3 de noviembre por presuntamente filtrar un correo en el que el abogado de González Amador admitía delitos fiscales en nombre de su cliente. El abogado de González Amador argumenta que la filtración perjudicó irreversiblemente su reputación, derechos de intimidad y presunción de inocencia, afectando también a su entorno familiar y profesional. El juicio se celebrará del 3 al 13 de noviembre en el Tribunal Supremo, con numerosos testigos. García Ortiz niega las acusaciones y alega una conspiración institucional.
* Resumen supervisado por periodistas.
La defensa de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, se ha opuesto al recurso presentado por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, contra el auto del juez Ángel Hurtado que rebajó a 75.000 euros la fianza que le impuso de cara al juicio, en el que el jefe del Ministerio Público está acusado de revelación de secretos. En un escrito, al que ha tenido acceso laSexta, destaca los "perjuicios personales" que le ocasionó esa presunta revelación de secretos que, dice, "destruyó su reputación".
García Ortiz irá a juicio el próximo 3 de noviembre acusado de este delito por filtrar, supuestamente, el correo electrónico que el abogado de González Amador envió a la Fiscalía para buscar un pacto, en el que reconocía que su cliente había cometido dos delitos contra Hacienda. El novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid está actualmente procesado, a su vez, por fraude fiscal y pertenencia a grupo criminal. Además, tiene abierta otra causa por administración desleal y corrupción en los negocios.
Ahora, en el escrito por el que se opone a que se rebaje la fianza del fiscal general -que el juez fijó inicialmente en 150.000 euros y luego redujo-, el abogado de González Amador destaca los "hechos delictivos" que atribuye a García Ortiz y dice que esas conductas se desplegaron antes de que existiera ningún procedimiento penal contra su representado.
A su juicio, se extrajeron "de raíz" los elementos esenciales que hacen que un procedimiento pueda desarrollarse "con todas las garantías de nuestro estado de derecho, y todo ello de forma irremediable e irreversible y con una intensidad jamás vista en nuestro sistema judicial, proporcional a la intensidad, publicidad y relevancia de los hechos que nos ocupan".
Señala que esa filtración afectó "de forma irreversible" a su derecho a la intimidad y a la protección de datos personales, alcanzando a "la propia reputación destruida sobre la revelación de los secretos y datos personales".
También asegura que se vieron dañados su presunción de inocencia y su derecho de defensa y destaca que "los padecimientos profesionales y empresariales han alcanzado a la pérdida de contratos y a la pérdida de capacidad de generación de nuevos negocios, por haberse transmitido de forma constante desde el momento de los hechos delictivos hasta hoy que 'ciertamente se han cometido dos delitos fiscales' [la frase que aparecía textualmente en el correo filtrado] en el curso de la actividad empresarial".
De igual modo, el abogado del novio de Ayuso afirma que "los padecimientos han alcanzado a todo su entorno familiar, tanto desde el origen como en su progresión" y denuncia que ha sido presentado como "delincuente confeso" para "generar relatos políticos". En este sentido, destaca "los perversos efectos en la vida de menores de edad que forman parte de ese entorno familiar directo".
Está previsto que el juiciocontra el fiscal general del Estado se desarrolle del 3 al 13 de noviembre en el Tribunal Supremo, por donde pasarán hasta 40 testigos, entre fiscales, responsables de prensa, periodistas, políticos, abogados e investigadores. También declarará el propio Alberto González Amador como acusador particular. García Ortiz, por su parte, pide su absolución y achaca todo el caso contra él a una "operación perfectamente orquestada desde el aparato institucional de la Comunidad de Madrid".
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