Madrid, Aragón, Murcia, Valencia y Baleares recurrirán la regularización extraordinaria de migrantes

Varias comunidades gobernadas por el PP como Madrid, Aragón, Murcia, Comunitat Valenciana y Baleares recurrirán la regularización de migrantes que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros. En el caso de los Gobiernos de Madrid y Baleares ya han avanzado que pedirán al Tribunal Supremo lasuspensión cautelar de esa regularización.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el real decreto para la regularización de las personas migrantes que viven en España sin papeles, con el que planea dar permiso de residencia y trabajo a alrededor de medio millón de personas.

Los trámites para la regularización arrancarán este jueves 16 de abril de forma telemática y el día 20 de forma presencial. Las citas para acudir presencialmente a las oficinas para realizar los trámites podrán solicitarse también a partir de este jueves. El plazo para solicitar la regularización terminará el 30 de junio de 2026.

En una carta a la ciudadanía, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, ha defendido que "esta regularización es, ante todo, un acto de normalización", un "acto de justicia" con la propia historia de España. También "una necesidad". "Sin nuevas personas trabajando y cotizando, nuestra prosperidad se frena, nuestra capacidad de innovar se debilita y nuestros servicios públicos (sanidad, pensiones, educación) sufren", ha añadido en la misiva.

En cambio, desde el PP no comparten la misma visión que Sánchez. De hecho, desde las CCAA del PP llevan meses expresando su rechazo a ese proceso de regularización. Y, al ver el resultado final que se ha aprobado este martes, han exigido la retirada del decreto alertando de sus efectos negativos, como alentar a las mafias o afectar a la prestación de servicios públicos que realizan las CCAA y ayuntamientos.

Ayuso, la primera en anunciar que recurrirá

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fue la primera en anunciar hace cinco días que recurrirá ese real decreto de regularización extraordinaria de extranjeros. "Estoy en contra del turismo sanitario y estoy en contra de la intención del Gobierno de Sánchez de reventarnos los servicios públicos", lanzó el pasado jueves en el Pleno de la Asamblea de Madrid.

Ayuso cargó contra Sánchez por pretender regularizar migrantes "sin control". "Insisto que lo único que busca es fundir la sanidad en la Comunidad de Madrid, fundir, desguazar los servicios públicos (...) ", apostilló. En su recurso, el Gobierno madrileño pedirá la suspensión cautelar de esta medida, según ha confirmado este martes.

También el Gobierno balear recurrirá ante el Tribunal Supremo y pedirá la suspensión cautelar del real decreto aprobado este martes por el Consejo de Ministros.

Un proceso "de espaldas" a las CCAA

Por su parte, el Gobierno de Aragón ha manifestado su rechazo frontal a ese real decreto de regularización. El Ejecutivo aragonés ha argumentado que esta regularización se ha diseñado "a espaldas" de las Comunidades Autónomas y "en contra de las recomendaciones y advertencias de diversos organismos", como el Consejo de Estado y la Comisión Europea.

Fuentes del Gobierno valenciano que dirige Juanfran Pérez Llorca han avanzado a Europa Press que también tienen intención de recurrir el decreto de regularización que ha aprobado el Gobierno.

Murcia no descarta recurrir el decreto ante la Justicia

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha adelantado que su Ejecutivo estudiará "todos los aspectos" de la regularización masiva de migrantes, sin descartar recurrirlo ante la Justicia porque, según ha dicho, "afecta" a todas las comunidades autónomas.

En declaraciones a los periodistas antes de participar en el Foro 'Wake Up' de 'El Español' en Madrid, López Miras se ha quejado de que "no han consultado" a los Ejecutivos autonómicos. "Lo que va a suponer la decisión del Gobierno es una mayor saturación del sistema público, de los servicios públicos", ha alertado, advirtiendo de que se puede generar "un colapso" y una "saturación" de los servicios públicos.

En parecidos términos se ha expresado el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, quién ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de "no escuchar" las alegaciones de las autonomías. Además, ha discrepado del sistema escogido por el Gobierno para aprobar el decreto de regularización masiva de migrantes.

Feijóo ve la regularización "inhumana, insegura e insostenible"

También el PP de Alberto Núñez Feijóo ha deslizado la posibilidad de recurrir esa regularización a los tribunales. "No habrá instrumento político, parlamentario o jurídico en el ámbito nacional o europeo que mi partido no vaya a utilizar para denunciar esta barbaridad", aseguró este lunes la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del partido, Alma Ezcurra.

Este martes, ante sus diputados y senadores, el líder del PP ha asegurado que la regularización de "más de un millón de migrantes irregulares" es "inhumana", "injusta", "insegura" e "insostenible", subrayando que va en contra de la política de la Unión Europea y de la "mayoría de los españoles". Dicho esto, se ha comprometido a "utilizar todos los instrumentos" a su alcance "para mitigar" los "disparates" que, a su juicio, está promoviendo el Gobierno de Sánchez.

Desde Vox, su secretario general, Ignacio Garriga, ha anunciado que su formación llevará al Tribunal Supremo la regularización y solicitará su suspensión cautelar en cuanto sea aprobada por el Consejo de Ministros. A su entender, esta medida es otra forma de "corrupción".

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