El gobierno retrasará la reforma de la ley del aborto. Está a la espera de 29 informes de expertos que valoren la norma. La eliminación del supuesto de malformaciones fetales es uno de los inconvenientes que más polémica está suscitando.
Un riesgo que ampliaría el plazo para interrumpir el embarazo hasta las 22 semanas de gestación pero que deja un margen estrecho para las pruebas que detectan lesiones incompatibles con la vida.
A partir de la detección de la enfermedad del feto, la embarazada tendría que conseguir dos informes psiquiátricos que valoraran las secuelas que tendría tener al bebé, entrevistarse con los servicios sociales y reflexionar durante siete días su decisión o no de abortar. Una auténtica carrera de obstáculos a contrarreloj si se quiere llegar a tiempo y que dependería de terceras personas.
Los expertos en diagnóstico prenatal, además, solicitan un plazo más amplio porque hay enfermedades que en cuestión de semanas acaban resolviéndose de manera favorable.
Un tiempo vital que por tanto evitaría abortos preventivos.