Ayuso vuelve a mentir para defender a su novio: insiste en "la inspección fiscal" pese a la causa abierta por fraude

Lo ha vuelto a hacer. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a mentir para defender a su pareja del que dice es "un particular" con una "inspección fiscal" pendiente. Sin embargo, lo cierto es que sobre el empresario Alberto González Amador pesan otras sospechosas delictivas de falsedad documental, corrupción en los negocios y administración desleal. Además, un fraude fiscal por el que es investigado no es una simple inspección.

Una reportera cuestionaba a la baronesa 'popular' sobre la testifical de su pareja de este viernes en el Tribunal Supremo. Lo ha hecho en el marco de la causa que investiga la comisión de un presunto delito de revelación de secretos por parte del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la filtración de un correo en el que el abogado del empresario admitía, precisamente, ese fraude fiscal y falsedad documental.

Una inspección no es un fraude

Antes de subrayar que "ha ido en calidad de testigo", lanzaba un dardo contra la televisión pública por "esa pregunta tan importante". Ha sido después de desvincularse de ello, sosteniendo que este asunto "nada tiene que ver" con la presidencia de la Comunidad de Madrid, cuando la baronesa 'popular' empezaba a trampear para defender a su novio.

Lo hacía admitiendo la "sorpresa" que le genera que "los máximos poderes del Estado" estén centrados "en la inspección fiscal de un particular". Entonces, llegaba una flagrante falsedad, al asegurar que su pareja solo enfrenta una "inspección", pese a que la Justicia le investiga por un fraude, pensado con cárcel.

Otra causa abierta

Problema judicial que no es el único que pesa sobre el empresario, puesto que González Amador cuenta con otra causa abierta por presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal posteriores a los de fraude fiscal y falsedad documental. Se trata de un procedimiento que indaga en sus negocios con el Grupo Quirón.

En concreto, la jueza Inmaculada Iglesias lo citó a declarar el pasado 10 de abril para esclarecer si la pareja de la presidenta madrileña compró una empresa a la mujer del presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino, por medio millón de euros cuando no tenía, ni de lejos, ese valor de mercado. Sociedad que luego utilizó para ocultar sus ingresos del grupo sanitario. De esta manera, el fiscal sospecha que podría tratarse de una comisión encubierta detrás de ese exagerado valor de la adquisición.