Un hombre que estaba infectado por coronavirus ha fallecido este jueves en Barcelona apenas unas horas después de presentar una querella contra altos cargos de Sanidad, entre ellos el director del Centro de Alertas Sanitarias, Fernando Simón, y el administrador de la empresa que intermedió en la compra de los test defectuosos.

La querella se presentó el miércoles ante los Juzgados de Instrucción de Madrid por vía telemática y su autor ordenó a sus herederos que siguieran adelante con la acción penal si esta era admitida a trámite.

El hombre acudió al hospital Hestia de Barcelona el pasado 13 de marzo para hacerse una biopsia y tuvo que volver a los siete días porque se encontraba indispuesto por una patología previa, quedando ingresado. Según la querella, al no disponer en hospitales de test suficientes, los facultativos "estaban expuestos a estar contagiados y ser transmisores" de COVID, lo que "conllevó" que el denunciante se infectara.

Los médicos, según señala el escrito, diagnosticaron su estado "catastrófico" y pronosticaron "un rápido fallecimiento", por lo que el paciente solicitó el alta, que le dieron el 15 de abril, y fue trasladado a su casa "a la espera del fatal desenlace". El miércoles redactó un documento delante de testigos y solicitó la interposición de la querella, que se reclama sea considerada urgente a efectos de tramitación procesal, y encomendó a sus herederos seguir adelante con el proceso.

En la querella se recalca que el Ministerio de Sanidad pagó por un producto "fraudulento" y se subraya que la OMS había alertado "desde al menos enero de 2020 de los riesgos para la salud pública" del COVID-19. El escrito apunta la posible existencia de delitos contra la salud pública, por lesiones y homicidio por imprudencia profesional, por la falta de test en sanitarios y por la compra de los que fueron defectuosos. Esos test defectuosos, a juicio de la parte demandante, impidieron que hubiera pruebas eficaces en tiempo adecuado.

La querella, presentada por el despacho de Díaz Aparicio, se dirige contra Fernando Simón; las directoras de Salud Pública y de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, Pilar Aparicio y Patricia Lacruz, respectivamente; y la responsable de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, María Jesús Lamas. También contra del responsable de la oficina centralizada de compras de productos sanitarios del Ministerio de Sanidad y contra el administrador de la empresa intermediaria en la compra de los test defectuosos de la compañía china Bioeasy (Interpharma).

En ella se pide que se les cite como investigados y a las Consejerías de Sanidad de la Comunidad de Madrid y de Cataluña como responsables civiles directas o subsidiarias, por ser las responsables de velar por que se cumpla la normativa de expedición de medicamentos y de proveer a los sanitarios de medios de control de enfermedades contagiosas.

El querellante señala que Sanidad, en una fecha no determinada de marzo, adquirió a través de Interpharma los test defectuosos, que se aplicaron a pacientes hasta que se comprobó que no eran eficaces. Sus resultados erróneos supusieron "un menoscabo de la salud colectiva", añade.