Historia de una condena sin precedentes basada en "una convergencia de indicios" sin pruebas que divide al Supremo y enfanga aún más la política

Ya se conocía la condena, pero Tribunal Supremo ha tardado 19 días en emitir la sentencia al ahora ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la filtración de datos reservados de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El resultado ha sido una sentencia sin precedentes, que no se ha acordado por unanimidad, basada en "una convergencia de indicios" y que enfanga aún más la política.

Estos indicios incluyen la urgencia que tenía García Ortiz por conseguir la información de González Amador, la llamada que le hizo un periodista la misma noche de la filtración, el borrado de uno de sus dispositivos y las sospechas que tenía la fiscal Superior de Madrid, Almudena Lastra, sobre la gestión del caso.

Finalmente, añade la nota de prensa publicada por el Ministerio Público que incluía datos personales del novio de Ayuso y que el propio fiscal reconoció haber elaborado junto a su equipo.

De esta manera, fundamentan la condena a dos años de inhabilitación a García Ortiz para el cargo de fiscal general, que incluye una multa de 7.200 euros y una indemnización a González Amador de 10.000 euros por daños morales.

Voto particular

Pese a esta convergencia de indicios y a la sentencia considera probado que la filtración tuvo que salir de la Fiscalía, dos magistradas progresistas han firmado un voto particular en el que argumentan que el texto "se basa en meras sospechas".

Los cinco magistrados conservadores de la Sala Segunda del Tribunal Supremo concluyen que el fiscal general tenía conocimiento de dicha filtración y que si no fue él, habría sido "una persona de su entorno y su conocimiento" quien filtró el correo.

"No existe una explicación alternativa razonable que permita cuestionar que la filtración se desarrolló en la Fiscalía General del Estado y que el propio Fiscal tuvo una participación directa", reza el fallo, en el que también se apunta a su responsabilidad en la nota de prensa.

Una nota contra un bulo

García Ortiz justificó la publicación de la nota como una forma de defender la reputación de la institución ante el bulo que estaba difundiendo Miguel Ángel Rodríguez (M.Á.R.). El jefe de gabinete de Ayuso afirmaba que la Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador en su causa por presunto fraude fiscal, y que luego lo había retirado "por órdenes de arriba".

Algunos medios se hicieron eco de esta información, que en el juicio a García Ortiz admitió que era inventada. Ante estos hechos, el entonces fiscal general decidió publicar la nota. "Quedaba un poco coja si hacíamos caso omiso a lo que ya era de conocimiento y relevancia pública. Había que incorporar en ese relato la cronología de los correos que teníamos a nuestra disposición", argumentó ante el tribunal.

Para los magistrados, esa publicación es una prueba más que oficializa la filtración de los datos reservados. Recalcan que aunque se lanzase para frenar el bulo de M.Á.R., el fiscal general cometió un delito para desmentirlo, ya que "no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito".

De hecho, la sentencia del Supremo va más allá y señala que García Ortiz quiso incluir frases de los correos para que llamaran a González Amador "delincuente confeso", una mala fe que él mismo negó.

La elaboración de la nota ya generó controversia en el seno de la Fiscalía, donde la fiscal Almudena Lastra se mostró en contra de publicarla. Prefería asumir el daño reputacional del bulo y esperar hasta que se aclarasen las cosas, pero García Ortiz rechazaba esa opción ya que "si tardamos se impone un relato que no es cierto". "Es imperativo sacarla", afirmó.

Repercusión política

La disputa ha ido más allá de la Fiscalía o el sector judicial. La sentencia ha avivado aún más el choque entre Pedro Sánchez y Díaz Ayuso, que ya han valorado el histórico fallo.

Por un lado, el PSOE ha expresado en un comunicado que respeta la sentencia, aunque "no la comparte". No obstante, el presidente del Gobierno se ha dirigido directamente a Ayuso y a la derecha, quienes, según ha dicho, van dando lecciones.

"¿Hoy dan lecciones de qué? ¿De una sentencia a un fiscal general que lo que ha hecho ha sido defender la verdad y la institución de la Fiscalía General del Estado?", ha preguntado Sánchez en un acto organizado por UGT.

Por su parte, la presidenta madrileña ha lamentado que se haya tenido que "llegar a esta situación" y ha advertido: "No se puede utilizar la Fiscalía para atacar a adversarios políticos". Al mismo tiempo, ha valorado de forma positiva que "el Estado de derecho funciona a pesar de los intentos del propio Gobierno".

El futuro de González Amador

En medio del conflicto político está González Amador. El novio de Ayuso y el directo perjudicado por la filtración de los correos. El empresario está a la espera de juicio por su causa de presunto fraude fiscal en la Audiencia Provincial de Madrid, acusado de delitos contra la Hacienda pública, falsedad en documento mercantil, delito continuado contable y pertenencia a grupo criminal.

Sobre el efecto que la sentencia al ex fiscal general podría tener en este procedimiento, el Supremo se muestra ambiguo. La sentencia confirma que se ha vulnerado su derecho de defensa, algo que, en principio, le beneficiaría. Sin embargo, también apunta que este hecho no tendría por qué condicionar su caso.

Deja claro que ese correo electrónico no va a poder ser utilizado en su contra porque fue "indebidamente difundido", pero al mismo tiempo, apunta que los magistrados de la Audiencia de Madrid van a resolver "con profesionalidad" las pretensiones acusatorias.

Lo lógico es que la defensa utilice la sentencia para intentar anular esa causa, pero la realidad es que actualmente hay muchos indicios contra él, empezando por esas 17 facturas falsas.

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