La Fiscalía Superior de Cataluña solicita al departamento de Enseñanza de la Generalitat que diga si "existen órdenes o instrucciones" por parte de la Generalitat a responsables de escuelas públicas para que cedieran esos locales para el 9N y si "se han convocado reuniones con responsables de centros públicos" en las cuales se les pidió que los pusieran a disposición.
Asimismo, la Fiscalía también solicita al director general de los Mossos d'Esquadra que le dé una relación de los locales o edificios de titularidad pública que se usarán mañana como punto de votación en este proceso participativo y que "identifique" a las personas responsables de haber permitido el acceso a este local a los "delegados" del 9N. La Fiscalía Superior de Cataluña reclama a los Mossos, en concreto, que se le remita "con carácter urgente", toda esta información.
En tercer lugar, la Fiscalía solicita a la empresa Unipost que envíe todos los documentos relacionados con la distribución o buzoneo de la propaganda relacionada con el 9N, presupuestos y facturas incluidos, y que le detalle "qué persona o entidad le suministró el listado de destinatarios" de esta propaganda o de qué forma lo obtuvo.
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que este sábado ya había informado de que estaba investigando, a instancias de la Fiscalía General del Estado, si la cesión de locales públicos para el 9N es delito, concreta así las diligencias que ha adoptado en esta línea.
Fuentes jurídicas han explicado que la Fiscalía Superior de Cataluña ha requerido a los Mossos d'Esquadra que informen sobre quiénes son las personas encargadas de la apertura de estos puntos de votación y al departamento de Enseñanza que aclare si ha habido órdenes para ceder centros públicos educativos después de conocer varias denuncias de particulares en juzgados de guardia de Cataluña.
Estas denuncias, según las mismas fuentes, advertían sobre supuestos preparativos que se estarían llevando a cabo en esos locales para permitir la votación del domingo, por lo que la Fiscalía ha actuado ante la posibilidad de que estos actos constituyan un incumplimiento de la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional.
Ante esta situación, el presidente catalán, Artur Mas, en una entrevista en TV3, ha advertido contra "cualquier ataque directo a la democracia", y ha dicho a los alcaldes implicados en este proceso que "no deben temer nada" por la cesión de locales para el 9N, porque es un acto que se sustenta en derechos "fundamentales".