Financiación privada, control político y multas por una pancarta: así es la polémica ley universitaria "inconstitucional" de Ayuso

La comunidad universitaria está en pie de guerra. Profesores, estudiantes y plataformas en defensa de la educación pública han acudido este jueves a la Asamblea de Madrid para enviar un mensaje directo a la presidenta Isabel Díaz Ayuso: la ley de universidades que prepara su Gobierno podría ser anticonstitucional y afectar a derechos tan básicos como la libertad de educación y la autonomía universitaria.

laSexta ha tenido acceso al borrador más reciente de una norma que el propio Ejecutivo califica como "novedosa y original", y que levanta una enorme preocupación en los campus madrileños. Hay tres grandes ejes que inquietan —y mucho— a quienes defienden la pública: la financiación, el control político y la represión de la protesta.

Financiación: camino directo a lo privado

El texto, en esencia, deja en manos de las universidades públicas conseguir financiación privada, y añade una condición: aumentarla progresivamente.

Para una parte del profesorado, eso no deja lugar a dudas: "Eso supone que gradualmente se quiere privatizar la universidad pública de Madrid", sostiene Eva Aladro Vico, catedrática de Teoría de la Información de la Universidad Complutense de Madrid.

La crítica es clara: si el dinero deja de llegar por vía pública y tiene que venir de empresas, las prioridades y la independencia académica podrían quedar al servicio de intereses privados.

Control: quién manda en las universidades

Otro punto clave del borrador es el refuerzo del poder de los consejos sociales, órganos que, según el texto, pasarían a estar integrados en gran parte por miembros designados por la Comunidad de Madrid.

Profesores y juristas consultados lo ven gravísimo: "Tenemos claro que es inconstitucional por varios motivos, y uno principalmente es que vulnera la autonomía universitaria", afirma un profesor de Derecho de la Complutense.

Según estas fuentes, la medida permitiría controlar decisiones cruciales, desde qué títulos se imparten, cuántas plazas se ofrecen, hasta los precios de matrícula.

"Para manipular todas las decisiones cruciales de las universidades, por ejemplo en materia de títulos, de número de alumnos, de precios de matrículas…", denuncia de nuevo Eva Aladro Vico.

La idea que denuncian es sencilla: menos autonomía académica y más control político.

Represión: multas por protestar

Ayuso ya ha visto la fuerza que ha tomado el movimiento universitario en los últimos meses. Y en el borrador aparece un capítulo que preocupa tanto como los anteriores: el régimen sancionador.

Según el documento, actos de protesta habituales en los campus podrían recibir multas elevadísimas. "Algo tan sencillo como colgar una pancarta puede llegar a ser una multa de 15.000 euros, que es una barbaridad", advierte Jorge Pérez, portavoz de la Plataforma por la Pública.

Desde el movimiento estudiantil lo tienen claro: "Esta ley va acompañada de represión y mordaza. Quieren destruir la educación pública y encima que nadie diga nada, y si dices algo te puedes ver afectado por multas que alguien que va a la pública no puede permitirse pagar", denuncia Coral Latorre, secretaria general del Sindicato de Estudiantes.

Críticos y plataformas coinciden: son sanciones impagables que chocan de frente con la libertad de expresión.

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